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SíQueEsPot ve en el dictamen del Consell de Garanties una "desautorización" al Gobierno catalán

El portavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, ha considerado una "plena y total desautorización a la estrategia de unilateralidad" del Govern el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que declara inconstitucional la referencia al referéndum en los Presupuestos 2017.

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SíQueEsPot ve en el dictamen del Consell de Garanties una "desautorización" al Gobierno catalán

En rueda de prensa en el Parlament, ha dicho que, en cambio, el dictamen "refuerza" la estrategia que defiende SíQueEsPot de celebrar un referéndum efectivo y pactado con el Estado, que ha admitido que es más costosa pero es la única viable.

Coscubiela ha contrapuesto la vía que está siguiendo SíQueEsPot de buscar apoyos internacionales a favor del referéndum con la estrategia de "confusión y palabras vacías" que está llevando a cabo el Govern, y ha defendido que el referéndum debe hacerse pero con garantías.

Ha hecho énfasis en el hecho de que el dictamen "no lo ha hecho el Tribunal Constitucional, sino el CGE", un órgano consultivo designado por el Parlament que ha puesto de acuerdo a todos sus miembros para declarar inconstitucional la referencia al referéndum en las cuentas.

Por ello, ha dicho que no le "cabe en la cabeza" que el Govern pudiera desoír el dictamen de CGE y no adecuar los Presupuestos 2017 a sus indicaciones, y ha exigido al Ejecutivo catalán que abandone cuanto antes la confusión y la unilateralidad.

APOYO AL REFERÉNDUM

Preguntado por si su grupo apoyará el referéndum si el Govern lo acaba convocando sin pactarlo con el Estado, ha dicho que hasta que no se haga una propuesta definitiva no podrá valorarlo.

Por ello, ha instado al Govern a aclarar cuanto antes su estrategia y a "no poner en riesgo el referéndum a base de supuestos gestos de desobediencia unilateral que solo degradan la política".

Considera que el dictamen del CGE culmina una semana "preñada de despropósitos políticos" que empezó con la propuesta de JxSí para reformar el reglamento del Parlament con el objetivo de agilizar la aprobación de las leyes de 'desconexión'.

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