Sigue la impunidad un mes después de la muerte del periodista Pablo Medina en Paraguay

Se cumple hoy un mes del asesinato del tercer periodista este año en Paraguay, en un área del país cercana a la frontera con Brasil donde se producen las mayores cosechas de marihuana de toda Sudamérica, sin que las autoridades hayan detenido a los sospechosos del crimen.

Cuando llegó la Policía aún se movía el limpiaparabrisas de la camioneta blanca donde viajaba Pablo Medina, de 53 años, experimentado corresponsal regional de uno de los principales diarios paraguayos, que fue asesinado el 16 de octubre en plena zona de actuación de los narcotraficantes.

Su cuerpo quedó postrado sobre el volante, tras recibir impactos de bala de escopeta y de pistola 9mm. Junto a él viajaban Antonia Almada, quien falleció también, y su hermana, que sobrevivió e identificó a los asesinos.

Dos hombres vestidos de militares le habían dado el alto aquel jueves alrededor del mediodía en un camino rural al volver de una cobertura en una comunidad campesina que denunciaba que el abuso de agrotóxicos por parte de los terratenientes vecinos había provocado una plaga inédita en sus cultivos de subsistencia.

“¿Es usted Pablo Medina, corresponsal de ABC Color?”, le preguntaron, y tras su respuesta afirmativa abrieron fuego.

El periodista de ABC Color estaba amenazado hace años, pero ni el Ministerio del Interior ni su empresa le protegían con escolta. Cuando más la necesitaba, se la quitaron, recordó su hermano Francisco, que ha visto impotente como el narcotráfico se ha llevado por delante a casi toda su familia.

Primero fue su hermano Salvador, en 2001. Sus denuncias contra el crimen organizado en un programa de radio local le costaron la vida. Un año después le siguió otro hermano, Digno, docente del municipio de La Paloma, corazón logístico del tráfico de marihuana y cocaína en la región fronteriza, y ahora Pablo.

“Si la mafia quiere seguir matando a la familia Medina, yo ofrezco también mi pecho”, dijo Francisco en una de las numerosas concentraciones de periodistas en Asunción en repudio al crimen de su hermano.

“Realmente es muy difícil, te deja con miedo, con la incertidumbre de que en cualquier momento te quieran hacer callar como a Pablo”, dijo a Efe Elías Cabral, corresponsal del diario Última Hora en Curuguaty, una de las principales ciudades del departamento de Canindeyú, donde fue asesinado Medina.

Cabral se siente amordazado, ya no se atreve a ir a los lugares donde iba antes pese a que ahora tiene escolta policial. Su hija es la que más sufre, relata. Le escribe constantemente mensajes: “¿Dónde estás papá? ¿Cuándo vuelves?”.

El periodista trabajaba codo con codo con Medina, pese a que sus diarios son competidores, y compartían todo el tiempo información sensible.

Cabral, de 32 años, recuerda que Medina le convocó hace tres meses muy preocupado. “Parecía que presentía lo que iba a pasar”, espetó.

El finado le contó las amenazas continuas que recibía y le pidió que le ayudara a “pluralizar” la información.

“Veía cargas y cargas de marihuana y cocaína, deforestaciones a gran escala, tráfico de madera. Me pidió que nos cubriéramos el uno al otro, pues ninguno teníamos escolta”, lamentó Cabral.

Pero aquella mañana del 16 de octubre no hablaron. Medina no le dijo a su compañero donde iría.

“Tal vez si él se hubiera comunicado conmigo, yo le hubiera seguido o le habría dicho que viniera a otra cobertura. Si hubiésemos ido en dos vehículos no hubieran atentado contra él”, se tortura Cabral.

Canindeyú contiene inmensos mares de soja transgénica, que esconden unas 7.000 hectáreas de plantaciones de marihuana, según el Gobierno.

La zona es también el principal corredor de cocaína entre Bolivia y Brasil.

Medina escribió sobre los supuestos vínculos del narcotráfico con algunos políticos locales, tras lo cual recibió amenazas, algunas del exalcalde fugado Vilmar Acosta, al que la Fiscalía acusa de ser el autor intelectual del crimen.

Hay orden de captura internacional contra él, su hermano Wilson y su sobrino Flavio Acosta, presuntos autores materiales del crimen, y contra Arnaldo Cabrera.

En sus publicaciones, el corresponsal había apuntado a la diputada Cristina Villalba, del gobernante Partido Colorado, como una de las protectoras de la mafia de Canindenyú, y a Víctor Núñez, miembro de la Corte Suprema de Justicia.