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El Sindicato policial CEP pregunta "qué le parecería al ministro que le orinaran encima"

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El Sindicato policial CEP pregunta "qué le parecería al ministro que le orinaran encima"

El Sindicato policial CEP pregunta "qué le parecería al ministro que le orinaran encima"

Sindicatos policiales y la AUGC han criticado hoy el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana porque seguirá saliendo gratis insultar a los agentes e, incluso, uno de ellos, la CEP, ha ido más lejos y ha dicho: "Me gustaría saber qué le parecería al ministro si alguien le orina en los pantalones".

En declaraciones a Efe, tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles han reprochado los cambios en el borrador y la desprotección en que la nueva ley, si se mantiene su redacción, deja a los agentes.

Ignacio López, secretario general de la CEP, ha sido el más contundente y se ha preguntado por la reacción del ministro si le ocurre lo que sufren muchos agentes en su intervención en la calle, ya que en ocasiones se les escupe, se les orina en la ropa y se les insulta gravemente.

El texto presentado hoy por el Ministerio del Interior al Consejo de Ministros suaviza las infracciones administrativas previstas en el primer borrador, de tal modo que rebaja de grave a leve amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por la seguridad ciudadana.

Así, esta conducta estará sancionada con entre 100 y 1.000 euros, al igual que la grabación y difusión de las imágenes de los policías que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial.

Estas últimas acciones estaban contempladas como infracción muy grave, multadas con hasta 600.000 euros.

Pese a las críticas, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que los derechos de los agentes estarán suficientemente protegidos tanto en el nuevo Código Penal como en la futura Ley de Seguridad Ciudadana.

Según el ministro, se dará una protección "justa, legítima y necesaria" a los agentes y se producirá un salto cualitativo porque el Código Penal castigará las conductas más graves contra los agentes que puedan ser constitutivas de delito, mientras las otras conllevarán multas de entre 100 a 1.000 euros, que "en los tiempos actuales es una cantidad suficiente".

"Va a salir totalmente gratis insultar o vilipendiar a la Policía en una protesta violenta", ha dicho a Efe José María Benito, el portavoz del SUP, para quien al ministro del Interior "le trae sin cuidado" la protección jurídica y la seguridad de los policías.

Para Benito, Interior se ha preocupado de que insultar o acosar a un político esté sancionado con 30.000 euros mientras que hacerlo a un policía lleve aparejada una multa de 100 euros.

"En nada protege esta ley a los policías. Todo lo contrario, nos deja absolutamente desprotegidos", ha añadido el portavoz del SUP.

Con parecidos términos se ha expresado a Efe el secretario general de la CEP, Ignacio López, para quien el anteproyecto aprobado por el Gobierno es "insuficiente".

López admite que el primer texto sí era de su agrado, aunque hoy se ha demostrado que simplemente era "un globo sonda" que ha generado "inquietud" y tensiones que han provocado que el Gobierno tenga que ceder a las presiones de determinados sectores y grupos políticos.

Desde la AUGC, su portavoz, Juan Antonio Delgado, cree que esta reforma no satisface a nadie salvo al Gobierno, que la ha emprendido de forma unilateral y que no gusta ni a partidos políticos ni a policías, ni a guardias civiles ni a sindicatos ni a ongs.

"No se respalda ni a los policías ni a los ciudadanos, ni se ofrecen garantías para ninguno. En cualquier caso, seguirá saliendo gratis insultar a los agentes", ha subrayado Delgado quien ha mostrado su deseo de que todas las actitudes violentas contra los policías se tipifiquen en el Código Penal.

La AUGC no entiende cómo el Gobierno reforma la actual ley, que data de 1992, argumentando que está desfasada y mantiene la que regula a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de 1986, y que el Ministerio del Interior defiende "con tanto ahínco".

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