Sindicatos y oposición lusa se niegan a dialogar con Gobierno sobre recortes

Los principales sindicatos y la oposición portuguesa rechazaron hoy con firmeza las nuevas medidas de austeridad anunciadas el viernes por el Gobierno conservador, que les invitó a abrir un “dialogo” sobre su aplicación.

El primer ministro, Pedro Passos Coelho, informó por televisión al país de su plan para reducir pensiones, prescindir de 30.000 funcionarios, ampliar la jornada laboral en la Administración y retrasar un año la edad de jubilación, entre otras medidas para ahorrar al Estado 4.800 millones de euros en tres años.

Aunque subrayó que sus recortes presupuestarios “están abiertos al diálogo”, que quiere iniciar la próxima semana, Passos Coelho obtuvo hoy una lluvia de negativas anticipadas a su propuesta.

Tras el rechazo inmediato del principal partido de la oposición, el socialista (PS), que encabeza ahora las encuestas sobre intención de voto, los mayores sindicatos lusos y el resto de los partidos de izquierda dieron hoy un rotundo “no” al primer ministro a través de comunicados y declaraciones a los medios.

La Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, comunista), con unos 700.000 afiliados, calificó las nuevas medidas de “brutales” y anunció protestas y movilizaciones este mismo mes.

También la más moderada Unión General de Trabajadores (UGT, socialista) con cerca de medio millón de seguidores, expresó su rechazo a consensuar el nuevo e “inaceptable” paquete de austeridad.

Como hizo el PS, que insistió en pedir elecciones anticipadas y la renegociación de una deuda lusa que supone ya más del 125 % del Producto Interno Bruto de Portugal, el Bloque de Izquierda (BI) exigió la dimisión del Gobierno ante su “incapacidad” para sacar al país de la espiral de recesión y desempleo.

Joao Semedo, coordinador de esta organización, uno de los partidos marxistas que suman en total un diez por ciento de las fuerzas parlamentarias, sostuvo que Portugal no puede aguantar una deuda tan alta y que va aumentar, porque la austeridad dificulta el crecimiento, la productividad y el consumo.

En los próximos ocho años hay que pagar 125.000 millones de euros, ¿de dónde va a salir ese dinero?“ se preguntó Semedo al abogar por la renegociación de los compromisos del rescate financiero que obtuvo Portugal hace dos años.

Según el BI, Passos Coelho, al abundar en los recortes a pensionistas y funcionarios, incumple además la sentencia del Tribunal Constitucional.

El máximo organismo anuló el 5 de abril otras medidas similares y abrió un déficit de 1.300 millones en los presupuestos para 2013 que han obligado a buscar medidas compensatorias.

El Sindicato de los Cuadros Técnicos del Estado (STE), cuyos afiliados están entre los más afectados por las medidas, se quejó de que el Gobierno les “castiga de nuevo” sin tocar los beneficios de concesiones y proyectos públicos con grandes empresas privadas.

Según el STE, el gasto de personal en la Administración se reducirá en cerca de 2.000 millones de euros entre 2014 y 2017 y las adquisiciones de bienes y servicios, en menos de 40 millones.

Los intereses de la deuda serán en ese periodo de 883 millones de euros y en 2017 supondrán la mitad del coste de personal del Estado, que nunca habrá sido tan bajo desde que hay registros, a partir de 1977.

Los funcionarios, más de 600.000 en un país de 10,5 millones de habitantes, reprochan a Passos Coelho que les pretenda recortar 5.600 millones de euros en total desde que llego al poder, hace dos años, hasta que concluya su plan de austeridad, en 2017, mientras la banca pública y la intervenida han recibido ya casi 1.800 millones.

También los militares lanzaron duras críticas al Ejecutivo por el aumento de su edad de jubilación a 58 años y un portavoz de la principal asociación de oficiales lamentó que se vaya hacia unas Fuerzas Armadas llenas de ancianos.

La Federación de los Sindicatos de Transportes, FECTRANS, pidió audiencia urgente al primer ministro para que aclare como van a trabajar los conductores profesionales hasta los 66 años, tras la decisión de ampliar un año la edad de jubilación, si sus permisos de conducción se extinguen a los 65.