Societat Civil Catalana denuncia a Mas para que “devuelva” el dinero del 9N

Societat Civil Catalana y la asociación Abogados Catalanes por la Constitución han presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresidente catalán Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para que “devuelvan” a la Generalitat los gastos de la consulta del 9N.

Según un comunicado de SCC, una plataforma contraria a la independencia, la reclamación que se hace es de exactamente cinco millones de euros.

“El archivo de la causa penal seguida contra ellos por el delito de malversación de caudales públicos no les exime de que no deban responder por su responsabilidad contable y presupuestaria, al haber dispuesto de fondos públicos para llevar a cabo un proceso de 'participación ciudadana' carente de cualquier cobertura constitucional, legal y presupuestaria”, denuncia SCC.

Según SCC, Mas y los exconsellers “ordenaron, dirigieron y facilitaron la logística y medios materiales para la consulta ilegal disponiendo indebidamente de fondos públicos para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas”.

En la denuncia no se descarta que pueda extenderse la responsabilidad contable a los altos funcionarios que se acredite que colaboraron en la tramitación de los expedientes administrativos generadores del gasto de la consulta ilegal.

Con esta demanda, SCC busca “no sólo restaurar económicamente a la Generalitat de Cataluña por el quebranto producido por los fondos dispuestos indebidamente, sino que, además, se establecerá un precedente que evite la repetición de la posible malversación de fondos públicos en un nuevo referéndum ilegal”.

En marzo pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó al expresident Artur Mas a dos años de inhabilitación, la pena máxima por desobediencia, al entender que “pervirtió” los principios de la democracia básicos para la “convivencia pacífica” cuando mantuvo la consulta del 9N.

En su sentencia, el alto tribunal catalán impuso también un año y nueve meses de inhabilitación a la exvicepresidenta Joana Ortega y año y medio a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, ambas como cooperadoras necesarias en el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), del que considera autor a Artur Mas.

Por su parte, el Tribunal Supremo condenó al exconseller de Presidencia y diputado de PDeCAT Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación y a 30.000 euros de multa por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N de 2014.