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Sólo tres mujeres entre los doce aspirantes a la Sala de Gobierno del Supremo

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Sólo tres mujeres entre los doce aspirantes a la Sala de Gobierno del Supremo

Sólo tres mujeres entre los doce aspirantes a la Sala de Gobierno del Supremo

Las candidaturas a las elecciones a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo integran a solamente tres magistradas sobre un total de doce aspirantes, Milagros Calvo, María Luisa Segoviano y María Lourdes Arastey.

Milagros Calvo fue la primera mujer en ser nombrada magistrada del Supremo y forma parte de la Sala de lo Social del alto tribunal; María Luisa Segoviano y María Lourdes Arastey, las otras dos candidatas, son también magistradas de la misma Sala.

Las listas a las elecciones a la Sala de Gobierno del Supremo, que acaban de ser convocadas, son abiertas, es decir, los magistrados del alto tribunal pueden elegir a candidatos de listas diferentes.

Los candidatos son Ignacio Sancho; Antonio del Moral; Pedro José Yagüe y Benito Gálvez Acosta, que integran una de las candidaturas, en la que es representante de la Sala Cuarta Milagros Calvo.

Andrés Martínez Arrieta, Segundo Menéndez, Eduardo Calvo y María Lourdes Arastey integran otra de las candidaturas y Nicolás Maurandi, Pablo Lucas y María Luisa Segoviano están en la tercera.

La Sala de Gobierno del Supremo, encabezada por el presidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes e integrada por los presidentes de las cinco salas jurisdiccionales de este tribunal, cuenta entre sus miembros a cinco magistrados del citado tribunal designados por sus compañeros.

Entre sus funciones está la de encargarse de aprobar normas de reparto entre salas del Supremo y entre las secciones de las Audiencias Provinciales y Juzgados del mismo orden jurisdiccional; proponer al Poder Judicial a magistrados suplentes y completar provisionalmente la composición de Salas en casos en los que fuera necesario.

También se encarga de promover visitas de inspección del Poder Judicial, elaborar informes solicitados por el órgano de gobierno de los jueces (el Consejo General del Poder Judicial), promover la exigencia de responsabilidades disciplinarias sobre determinados magistrados o expedientes de jubilación.

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