El Supremo confirma la expulsión de España por salafismo de Nouredinne Ziani

El Tribunal Supremo ha avalado la expulsión de España del ciudadano marroquí Nouredinne Ziani, denunciado por el director del CNI como salafista y colaborador de un servicio de inteligencia extranjero y, al mismo tiempo, miembro de la Fundación Nous Catalans, vinculada a Convergencia Democrática de Cataluña.

La denuncia del CNI y la expulsión de Ziani, que se produjeron en 2013, llevaron a algunos miembros del Govern de CiU a manifestar sospechas de que el asunto podía estar relacionado con el apoyo de Ziani al proceso soberanista en Cataluña desde la citada fundación, dedicada a la integración de inmigrantes. Ziani negó ser salafista en declaraciones públicas.

Otros miembros del ejecutivo catalán de entonces remarcaron que no existía ningún dato que permitiera confirmar la tesis de que se le expulsaba por otras razones que su salafismo y espionaje.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, también negó tal extremo. De hecho, años después Fernández Díaz denunció que Nous Catalans, que recibe financiación pública, está más preocupada de captar adeptos para la causa soberanista que en detectar casos de radicales asentados en Catalunya, algo que relacionó precisamente con el caso de Nouredinne.

La denuncia del CNI señalaba que el ciudadano expulsado, que tenía permiso de residencia en España desde abril de 2002, “era colaborador muy relevante de un servicio de inteligencia extranjero desde el año 2000 y ponía en riesgo la seguridad del Estado”.

“Por mandato expreso del servicio extranjero ha favorecido la difusión de ideologías extremistas religiosas, buscando y consiguiendo la relación y apoyo de los principales líderes salafistas”, añadía la denuncia.

El expulsado impulsó la construcción en Cataluña de un centro de referencia salafista a nivel europeo que contaba con tentáculos en las cuatro provincias catalanas.

Sobre esta base la Secretaría de Estado de Seguridad acordó la expulsión de Nouredinne Ziani porque consideró que había cometido una infracción muy grave a la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España al haber participado en actividades contrarias a la seguridad nacional.

El Supremo, ahora, rechaza el recurso que el expulsado alzó contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmaba aquella resolución del Ministerio del Interior.

En su fallo el alto tribunal argumenta que la decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad aportó suficientes datos de las actividades del recurrente, apoyados en un informe policial.

Las denuncias apuntaban cómo Nouredinne Ziani elaboraba informes periódicos para un servicio extranjero en Barcelona, favorecía la divulgación de ideología salafista y manipulaba las voluntades de representantes musulmanes en Cataluña “presentándose como mediador de las comunidades musulmanas en caso de conflicto” ante autoridades municipales.