El Supremo fuerza al Gobierno a intensificar sus gestiones ante EEUU para traer a un español preso allí desde 2009

El Gobierno ha intensificado sus gestiones diplomáticas ante Estados Unidos para lograr la entrega a España de David Mendoza Herrarte, un español que fue extraditado en 2009 para que fuera juzgado en aquel país, pero con la condición de que volviera a España a cumplir su pena si era condenado. El Ejecutivo ha reiterado esta petición por varias vías después de que el Tribunal Supremo le emplazara a llevar a cabo “todas las medidas” encaminadas a lograr su vuelta.

Y no ha sido esta la primera vez que la Justicia ha urgido al Gobierno a actuar en este caso. Ya en 2011 el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, pidió al Ejecutivo que tomara medidas para dar cumplimiento al auto dictado en noviembre de 2008 por este órgano jurisdiccional que condicionaba la extradición de Mendoza al compromiso de que cumpliera condena en España.

La Audiencia puso esta condición, asumida por el Gobierno, atendiendo al hecho de que la mayor parte de la familia del preso, incluidos sus dos hijos, residen en Gernika (Vizcaya), así como que el menor de sus descendientes padece síndrome de down.

CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS

El próximo 27 de marzo se cumplirán seis años desde la extradición de Mendoza Herrarte, quien cumple condena de 14 años por un delito de tráfico de drogas y blanqueo de dinero en una cárcel de Nueva Jersey. Desde entonces el Gobierno ha solicitado su entrega a España en varias ocasiones por escrito pero ésta siempre ha sido denegada por Washington.

La abogada de Mendoza se dirigió al Gobierno pidiendo explicaciones por su “inactividad” ante el caso de su defendido y al no recibir contestación planteó una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que, el pasado mes de diciembre dictó sentenció que “no se encuentra justificado que el Gobierno limite toda su actuación para conseguir la devolución del extraditado a la emisión de unas notas verbales”.

En este sentido, el Alto Tribunal subrayaba la “obligación del Esado español de velar por que se cumpla el condicionamiento expresado” por la Audiencia Nacional y requería al Gobierno “adoptar todas las medidas pertinentes” para hacerlo cumplir“ o, en su caso, a ”justificar la imposibilidad de adopción de otras medidas distintas“.

Ante esta sentencia, la líder de UPyD, Rosa Díez, presentó una serie de preguntas escritas al Gobierno en el Congreso para conocer qué gestiones había realizado en aras de su cumplimiento. Ahora el Gobierno le ha respondido detallando los pasos que ha ido dando y desvelando que aún no ha recibido respuesta de Estados Unidos.

En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo asegura que “tan pronto como tuvo conocimiento de la sentencia” del Supremo “hizo gestiones tanto en Washington como en Madrid”.

ESTADOS UNIDOS DA LARGAS

Por un lado, el embajador de España en Washington, Ramón Gil Casares, se reunió con el asistente para asuntos internacionales del Fiscal General estadounidense, trasladándole “la preocupación” del Gobierno ante el acaso de Mendoza Herrarte. Según el Ejecutivo, las autoridades norteamericanas “se comprometieron a analizar el asunto”, y se acordó que se remitiría una traducción de la sentencia al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese texto, redactado por el departamento que dirige Rafael Catalá, ya ha sido enviado.

Además, el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones al cónsul general de Estados Unidos en Madrid para “entregarle una nota en mano”, dirigida a las autoridades competentes, informando del contenido de la sentencia del Supremo, y “reiterando” la postura del Gobierno sobre la solicitud del traslado del recluso.

Como en ocasiones anteriores, España volvió a avisar a Estados Unidos de que “la quiebra del principio de confianza recíproca en que se basa la cooperación jurídica internacional podría entorpecer futuras solicitudes de los EEUU en este campo”.

Díez también preguntó al Gobierno qué medidas concretas iba a adoptar el Ejecutivo para exigir a Washington que cumpla su parte del trato lo antes posible y el Gobierno le insiste en que, además de las peticiones por escrito, se han realizado las mencionadas “gestiones en persona”, y que “se está a la espera de conocer la respuesta de los Estados Unidos, a la vista de las nuevas actuaciones realizadas”.

En concreto, le explica que “de momento, ha trasladado a las autoridades norteamericanas por diferentes vías de su preocupación por este caso, reiterando la necesidad de que Mendoza Herrarte sea trasladado a España, en la confianza de que las futuras extradiciones de los Estados Unidos no se vean afectadas por la falta de resolución satisfactoria de este caso”.