El Supremo condiciona la suspensión cautelar de un mandato a aprobación de Congreso

La Corte Suprema de Brasil decidió hoy que la suspensión provisional de un mandato como medida cautelar en un proceso de un tribunal contra un senador o un diputado requiere de la previa aprobación del Congreso para su cumplimiento, con lo que evitó un choque de poderes con el Parlamento.

La decisión, tomada por 6 votos a favor y 5 en contra, confirma en la práctica que la inmunidad parlamentaria se sobrepone a medidas cautelares de la máxima corte y favorece en especial al senador Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia (PSDB), a quien una sala del Supremo ha suspendido cautelarmente de su escaño y obligado a pasar las noches en su casa por supuesta corrupción.

La votación tuvo que ser desempatada por la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Carmen Lucia Antunes Rocha, después de que cinco magistrados manifestaran su decisión de limitar la inmunidad parlamentaria y los otros cinco declararan que cualquier medida cautelar tiene que ser aprobada por el Congreso.

En un voto conciliador de desempate, la presidenta de la máxima corte dijo que el Supremo tiene poderes para adoptar medidas cautelares contra parlamentarios investigados, incluyendo la suspensión provisional del mandato, pero condicionó esta última sanción a la previa aprobación del Congreso.

Según la magistrada, en caso de que un tribunal opte por la suspensión de un mandato como medida cautelar contra un parlamentario investigado, la decisión tiene que ser enviada al Congreso para que se pronuncie sobre su posible aplicación o no.

La decisión, tras diez horas de un polémico juicio en el que se temía un posible choque de poderes, tendrá que ser aplicada inicialmente en el caso de Neves, el segundo candidato más votado en las últimas elecciones presidenciales, y cuyo mandato fue suspendido por una sala del Supremo que lo investiga por corrupción.

Neves ya presentó un recurso ante el Senado para que ese órgano legislativo se pronuncie contra la que consideró como una medida que sobrepasa los poderes de la máxima corte.

Neves, derrotado en las presidenciales de 2014 por la después destituida Dilma Rousseff, es investigado por confesiones hechas por los dueños del grupo cárnico JBS en un acuerdo de cooperación judicial, en el que admitieron haber sobornado a cientos de políticos.

Uno de los propietarios de JBS, Joesley Batista, afirmó que pagó sobornos por dos millones de reales (unos 645.000 dólares) al senador, que admitió haber recibido el dinero aunque alegó que se trataba de un préstamo personal.

La medida cautelar que suspendió a Neves de su escaño y le obliga a pasar las noches en su casa fue dictada después de que la Fiscalía pidiera su detención, que en ese caso, de acuerdo a la Constitución, sí habría requerido el aval del Senado por normas constitucionales.

En su decisión de hoy, sin embargo, el Supremo no definió cómo será el procedimiento en caso de que una cautelar suspenda el mandato de un parlamentario, por lo que se desconoce cuándo podrá ser superada la crisis que enfrenta al poder Judicial con el Legislativo.

El Senado tenía decidido debatir el asunto la semana pasada, pero optó por esperar a la decisión del pleno del Supremo, a fin de evitar un conflicto de poderes.

A evitar ese posible conflicto instó hoy el magistrado Gilmar Mendes, uno de los miembros del Supremo que votó a favor de que el Parlamento avale toda medida judicial contra uno de sus miembros, y declaró que el “delicado momento político” que vive el país “pide mucha prudencia”.

En su juicio de este miércoles, el Supremo se pronunció sobre un recurso presentado por algunos partidos políticos y en el que se pedía que se declarase inconstitucional cualquier cautelar de un tribunal contra un parlamentario.

Los autores del recurso alegaban que los tribunales, incluso la máxima corte, tiene que darle un plazo de 24 horas a la Cámara de Diputados o al Senado para pronunciarse sobre cualquier medida cautelar contra un legislador.

Para el Supremo, sin embargo, la única cautelar condicionada a la aprobación del Congreso es la suspensión provisional del mandato.

Los magistrados que defendían la limitación de la inmunidad parlamentaria alegan que la inmunidad no puede ser confundida con impunidad.

“La ley garantiza la inmunidad para que el parlamentario cumpla con las funciones para las que fue elegido, pero no la impunidad”, declaró en su voto el magistrado Luiz Fux, quien defendió la decisión derrotada en la votación.