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El Supremo confirma la pena a un funcionario que exigió sexo a cambio de dar trabajo

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Se puede pellizcar la felicidad hasta con la crisis

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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a ocho años de cárcel, además del pago de indemnizaciones por un valor total de 28.000 euros, para un funcionario del Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres) que acosó exigiendo relaciones sexuales a tres mujeres que buscaron ayuda para encontrar empleo en su departamento.

Tomás Manuel P.S., quien fue director del SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo) en el término municipal de Trujillo desde 1983 y hasta 2010, resultó condenado por una agresión sexual y por tres delitos de abusos cometidos en 2006, 2008 y 2010.

En la sentencia en la que confirma el fallo condenatorio de la Audiencia Provincial de Cáceres el Supremo destaca "el reproche penal y social" que merecen unos hechos "sumamente graves".

"Se ha perjudicado el crédito de un servicio público especialmente dispuesto para atender la imperiosa necesidad de trabajo ante situaciones, como las que se describen en el hecho probado, de necesidad angustiosa", de las que el funcionario público "se prevale y abusa hasta límites inaceptables".

La sentencia detalla además cómo diversas personas que estaban en situación de superioridad respecto del funcionario condenado y que conocieron las denuncias de sus víctimas no quisieron creer en el relato de éstas o no prestaron a los hechos la debida atención, al menos en un principio.

Incluso detalla cómo el que era alcalde de Aldeacentenera, una población del partido judicial de Trujillo, en 2008, llamó a Naoual, la mujer que sufrió una agresión sexual, y le aconsejó que no denunciara a Tomás.

Por los delitos contra la administración pública en su modalidad de solicitud de favores sexuales por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, la sentencia le impone al funcionario tres penas de dos años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta; y por el delito de agresión sexual, otros dos años de prisión.

A ello se suman indemnizaciones por daños morales a María Jesús R. C. con 12.000 euros cada una y a Patricia María F., con 4.000 euros.

El funcionario condenado, dice la sentencia, exigió tener relaciones sexuales a tres mujeres que pidieron su ayuda, a cambio de lo cual les garantizó darles trabajo. En otra ocasión, y con respecto a una de las denunciantes, "la condujo a un descampado en el que comenzó a tocarle los pechos y se desnudó para solicitarle una felación".

Después de diversas denuncias infructuosas ante varias instancias, los hechos fueron comunicados por las víctimas a una trabajadora social del Ayuntamiento, quien se lo comunicó a una concejala, lo que inició el proceso penal en averiguación de los hechos por los que se formuló denuncia.

El condenado argumenta ante el Supremo en su recurso que no tenía por su cargo capacidad de dar empleo, pero el tribunal descarta que ello tenga efecto en las penas que se le han aplicado, ya que ese requisito es propio de otros delitos pero no del suyo.

Por otro lado, pide que no se le condene por agresión sexual sino por abusos sexuales, ya que, según él, no medió amenaza alguna. Sin embargo, el tribunal considera que sí hubo intimidación.

Así, recuerda que dijo a la víctima "que subiera al coche si no quería que la echaran de España", frase que "se dice en un contexto de poder, es el Director de la oficina del SEXPE en Trujillo" y va dirigida "a una persona extranjera en situación de precariedad laboral y en demanda de empleo".

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