El fiscal pide al Supremo que confirme la pena al etarra Castro por el atentado a Uría

El fiscal del Supremo ha solicitado al tribunal que confirme la condena a 44 años de prisión que la Audiencia Nacional impuso al etarra Manex Castro por su participación en el asesinato del empresario Inaxio Uría, ocurrido en Azpeitia (Guipúzcoa) en diciembre de 2008.

La defensa del condenado ha argumentado durante la vista del recurso que presentó ante el Supremo, vista que ha celebrado el tribunal esta mañana, que Mánex Castro fue condenado con indicios pero sin ninguna prueba directa.

Además, ha señalado que la Audiencia no quiso tener en cuenta otras pruebas, estas sí directas, que la defensa presentó, como el testimonio de dos compañeros de trabajo que situaban a Castro lejos del lugar de los hechos.

El abogado del etarra no ha discutido su pertenencia al comando de ETA que asesinó a Uría, pero ha puesto en duda que estuviera integrado en el mismo en el momento de los hechos, algo que no demuestra la aparición de su ADN en un teléfono usado en el atentado, ya que tal contaminación con sus restos biológicos pudo ocurrir (y de hecho así lo defiende el abogado) en un momento posterior al atentado.

La acusación particular y la fiscalía han solicitado que se confirme la condena y han dado credibilidad, además de al citado ADN, al informe pericial de los agentes policiales de inteligencia que sitúan al condenado en el comando que mató a Uría en el momento del atentado.

Además, han llamado la atención del tribunal sobre el hecho de que los testigos a quienes la Audiencia Nacional no creyó y que prestaron una coartada a Castro no habían recordado nada hasta la fecha del juicio y, de pronto, cuando acudieron al mismo a solicitud de un hermano del condenado, recordaban demasiados detalles para una jornada en la que, según ellos, no sucedió nada significativo.

La vista pública ha revisado el recurso que la defensa del terrorista presentó contra la sentencia que consideró probada su colaboración necesaria en el citado asesinato, ejecutado materialmente por otros dos miembros de ETA.

La sentencia recurrida cuenta cómo los tres integrantes del comando, entre ellos Castro, robaron en la mañana en que ocurrieron los hechos un coche en Deba (Guipúzcoa) a punta de pistola.

Según aquella sentencia, Castro se quedó vigilando durante varias horas al dueño del vehículo para evitar que denunciara su robo, de modo que los otros dos integrantes del comando pudieron usarlo, sin peligro de ser descubiertos, para trasladarse a Azpeitia, donde mataron a su víctima.