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El Supremo revisa hoy la condena a los etarras Alberdi y Goñi por matar a 2 Tedax

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El Supremo revisa hoy la condena a los etarras Alberdi y Goñi por matar a 2 Tedax

El Supremo revisa hoy la condena a los etarras Alberdi y Goñi por matar a 2 Tedax

El Tribunal Supremo revisará hoy en vista pública los recursos que los etarras Itziar Alberdi y Narváez Goñi presentaron contra la pena de 296 años de cárcel por el asesinato de dos Tedax mediante un paquete bomba que enviaron a una empresa de mensajería de Toledo.

De anular el Supremo la condena a Alberdi, la etarra quedaría en libertad al no tener más causas pendientes, ya que la Audiencia Nacional también la absolvió del asesinato del catedrático Manuel Broseta.

La Audiencia Nacional condenó a 296 años de cárcel a los etarras Itziar Alberdi y Juan Jesús Narváez Goñi, entregados desde México en 2014, por el asesinato de dos artificieros de la Policía cuando desactivaban un paquete bomba en Madrid en 1991.

La sentencia, que condena también a la pareja a indemnizar a cada familia de los fallecidos con 350.000 euros, establece que los dos integraban el comando Ekaitz junto a José Luis Urrusolo Sistiaga.

"La decisión de llevar a cabo esta acción y su planificación se tomó en el seno del comando por todos sus miembros, que realizaron la acción coordinada y con reparto de funciones", por lo que los tres fueron coautores del atentado.

Según el relato de hechos probados, los tres "decidieron preparar un paquete con una bomba y enviarlo a una de las empresas que estaban participando en la construcción de la autovía del Valle de Leizarán, utilizando para hacerlo llegar alguna empresa de transportes, radicada fuera de Madrid".

Itziar Alberdi, según la sentencia, "obtuvo la información de varias empresas de transportes de Toledo que podían utilizar, tomando nota de sus direcciones, teléfonos, horarios y plazos de entrega de un paquete destinado a Madrid".

Se trata de una prueba similar a la que la Audiencia Nacional esgrimió para condenarla a 119 años de cárcel por el asesinato en 1991 de tres policías mediante un paquete bomba, condena que después anuló el Supremo al considerar insuficiente como prueba "la elaboración del listado de las empresas de paquetería de una específica ciudad".

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