El Supremo inicia el enjuiciamiento a la fiscal venezolana sin su presencia

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela comenzó hoy el proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien anunció minutos antes que no asistiría a la vista al no reconocer a esta corte y no se presentó en la sala.

Tras abrir la sesión el presidente del TSJ, Maikel Moreno, tomó la palabra el diputado oficialista Pedro Carreño, que inició la acción legal contra la fiscal con una denuncia por supuestas “faltas graves” en el desempeño de sus funciones.

Carreño acusó a Ortega de “ponerse en antagonismo con el poder judicial” y “con el poder ejecutivo”, después de que la funcionaria recriminase al TSJ haber roto “el hilo constitucional” y acusase al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de practicar “terrorismo de Estado”.

Ortega también ha denunciado ante la Justicia a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuya elección impulsa Maduro para elaborar una nueva Carta Magna y a la que se opone la oposición al considerarla un “fraude”, y ha imputado a dos altos cargos de las fuerzas de seguridad por su respuesta a las protestas antigubernamentales.

Además, la fiscal ha impugnado el nombramiento de los actuales magistrados del TSJ por supuestas irregularidades en su nombramiento, en otra de las acciones por las que le denunció el diputado Carreño, que la acusó hoy de “traición” y lamentó que no haya acudido a la sede del Supremo.

Entre las medidas cautelares previas al juicio dictadas por el TSJ contra la fiscal destacan la congelación de sus cuentas bancarias y la prohibición de salir del país.

Pese a sus orígenes chavistas, la titular del Ministerio Público se ha convertido en la voz más crítica con el Gobierno dentro de las instituciones públicas, y su labor ha sido aplaudida por la oposición.

La fiscal se desmarcó definitivamente del oficialismo tras asumir el TSJ hace más de tres meses las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y a la que los jueces acusaron de “desacato”.

La medida fue posteriormente revocada por el tribunal pero la fiscal insiste en que se ha producido una “ruptura del hilo constitucional” en el país.