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El fiscal del Supremo pide mantener 6 años de cárcel para Munar por Can Domenge

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El fiscal del Supremo pide mantener 6 años de cárcel para Munar por Can Domenge

El fiscal del Supremo pide mantener 6 años de cárcel para Munar por Can Domenge

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la sala que resolverá el recurso planteado por la defensa de Maria Antònia Munar que mantenga la pena de 6 años de cárcel que la Audiencia de Palma impuso a la expresidenta del Consell de Mallorca por varios delitos de corrupción en el caso Can Domenge.

En su escrito ante el tribunal, el fiscal Álvaro Redondo considera completamente ajustada a derecho la sentencia contra Munar a excepción de la pena de inhabilitación por veinticinco años para ejercer cargo público, que acepta que se rebaje en diez años.

La expresidenta del Consell de Mallorca, del Parlament balear y del extinto partido Unió Mallorquina fue condenada en julio del año pasado a 6 años de prisión por prevaricación, fraude y revelación de información confidencial por su intervención en la enajenación de los terrenos públicos de Can Domenge.

Munar, que en la actualidad cumple una condena firme de 5 años y medio en la cárcel de Palma por el caso Maquillaje y que está imputada en otras causas judiciales por presunta corrupción, recurrió ante el Tribunal Supremo, que tiene pendiente pronunciarse.

También presentaron recurso de casación ante el alto tribunal los condenados Miquel Nadal, exvicepresidente del Consell de Mallorca y exconseller balear de Turismo; el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens; el exresponsable de Economía del Consell, Miquel Àngel Flaquer; el abogado Santiago Fiol y una constructora involucrada en el fraude.

El fiscal del Supremo considera que la sala que responderá a los recursos debe mantener las penas de cuatro años de cárcel para Nadal, que se encuentra ya en prisión; de 1,5 años para Fiol y de 1 año para Flaquer.

En el caso de Vicens, también encarcelado por diversas causas de corrupción y condenado a ocho meses de prisión por Can Domenge, el representante del ministerio público acepta parcialmente dos de sus alegaciones y plantea que se rebaje la pena privativa de derechos y que sea considerado responsable subsidiario, y no solidario, para el pago de la responsabilidad civil.

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