Los jueces del Supremo se negaron a ser interrogados en relación con la fuga de Plazaola

Un grupo de magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo han advertido al presidente de este tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, de que no admitirían ser interrogados en relación con una supuesta filtración vinculada a la fuga del etarra Alberto Plazaola.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de la Sala, aunque otras fuentes del mismo tribunal han matizado que, en realidad, todo se trató de un malentendido avivado por algunas informaciones imprecisas publicadas en medios de comunicación.

Lesmes anunció el pasado 12 de marzo la apertura de una investigación interna sobre las circunstancias en las que se difundió por parte del Supremo su decisión de anular la excarcelación del etarra Alberto Plazaola. El etarra se fugó el día en que debía ser detenido y se encuentra en busca y captura desde entonces.

Sin embargo, fuentes cercanas al asunto han aclarado a Efe que, en contra de lo que se publicó en algunos medios, Lesmes en ningún momento anunció que se fuera a interrogar a los magistrados de la Sala de lo Penal en relación con la fuga o con una supuesta filtración.

De hecho, al día siguiente de anunciar la apertura de una investigación, la Agencia Efe, que había sido la primera en publicar la decisión sobre Plazaola del Supremo, informó de que según fuentes de este tribunal las indagaciones de Lesmes se iban a limitar a una reunión de la Sala de Gobierno.

La misma noticia indicó de que Lesmes iba a recabar información a través del conducto adecuado, es decir, a través del presidente de la Sala de la Penal, Manuel Marchena, sobre lo sucedido, y no tenía ninguna otra intención.

La Sala Penal del Supremo adoptó la decisión de suspender la excarcelación de Plazaola el pasado 10 de marzo. Sin embargo, desde el 13 de enero era conocida la doctrina general del alto tribunal contraria a la acumulación de penas que había llevado a la excarcelación de determinados etarras, una doctrina que se iba a aplicar al caso de Plazaola inevitablemente.

Así las cosas, el terrorista conocía desde el 13 de enero el anuncio de que iba a ser encarcelado de nuevo. Además, el alto tribunal anunció que sería 10 de marzo el día en que iba a aplicar esa doctrina general al caso de Plazaola, de modo que resultaba previsible que ese mismo día se ordenara su inmediato encarcelamiento.

Ante la polémica desatada por la fuga del etarra el Gobierno subrayó que a pesar de que era conocido que iba a ser encarcelado los movimientos del terrorista no podían estar sometidos a una estrecha vigilancia, pues en tanto no hubiera orden de detención “habría sido ilegal limitar” su libertad.

Por tanto, según las fuentes del Gobierno, en la huida de Plazaola no hubo “ningún fallo policial”, sino “una filtración desde el mundo judicial que ha provocado esta fuga”.

El hecho es que la orden de detención de Plazaola llegó a la Guardia Civil varias horas después de que se confirmara una decisión, la de encarcelarle, previsible desde semanas antes de que se hiciera efectiva.