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El Supremo retrasa quince días la sentencia del Prestige por su “complejidad”
La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha acordado retrasar quince días la sentencia del caso Prestige por la “complejidad” del asunto, el “volumen de la documentación” y “el número de recursos”.
El pasado 25 de noviembre esta sala dictó un auto al que ha tenido acceso EFE en el que demora la decisión sobre el caso después de que el 12 de octubre se fijase inicialmente un plazo de treinta días.
“Teniendo en cuenta la complejidad del tema objeto de estudio, el volumen de la documentación y el número de recursos a resolver, procede prorrogar el término para dictar sentencia (...) por otros quince días”, detalla el auto.
En el documento, la sala explica que se han presentado doce recursos de casación contra la sentencia de la catástrofe por el hundimiento en 2002 del buque Prestige.
El pasado 29 de septiembre, el fiscal pidió la anulación de dicha sentencia para que la Audiencia de A Coruña dicte otra que tenga en cuenta documentos que prueban que su capitán debe ser condenado y reconocidas indemnizaciones por 4.328 millones de euros.
El Supremo celebró entonces la vista de los doce recursos contra la sentencia que absolvió al capitán del Prestige, Apostolos Ioannis Mangouras; al jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos, y al ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors de delitos contra el medioambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños producidos tras el hundimiento del petrolero.
La Audiencia Provincial de A Coruña condenó únicamente al capitán Mangouras a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad.
La Fiscalía reclama en concepto de responsabilidad civil 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la marea negra que produjo el hundimiento el 19 de noviembre de 2002 del buque frente a las costas gallegas y que afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia
La asociación ecologista Arco Iris, que está personada en el caso, considera, según dice a través de un comunicado, que es “un fraude de ley” que la sentencia “se haga pública después de las elecciones”.
Piensan en esta entidad que la prórroga es una “estratagema para evitar que el contenido de la sentencia pueda hacerse público antes de las generales”.
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