El Supremo revisará mañana la suspensión del juez independentista Vidal

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo debatirá mañana lunes en sesión plenaria el recurso que el juez Santiago Vidal presentó contra la suspensión por tres años con la que el Consejo del Poder Judicial le castigó por participar en la redacción de una constitución catalana.

El mismo pleno de la Sala Tercera del alto tribunal que se celebrará mañana estudiará también el recuso que cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) críticos con el presidente Carlos Lemes presentaron oponiéndose al reparto de poder interno en la institución.

En cuanto se refiere a Vidal, cabe recordar que el pleno del CGPJ decidió en febrero de 2015 (en una votación dividida) suspender durante tres años a este juez de Barcelona por sus actos soberanistas.

La decisión del CGPJ fue adoptada con los votos de la mayoría conservadora que apoya al presidente Lesmes, pero con los votos en contra de la minoría progresista, a la que se sumó el vocal elegido por el PNV, Enrique Lucas. En total, doce votos contra nueve.

La mayoría de los miembros del Poder Judicial consideró que Santiago Vidal no cumplió con su deber básico de fidelidad a la Constitución Española. La minoría estimó que su postura favorable al proceso soberanista catalán no era merecedora de una sanción tan grave.

Vidal declaró entonces que aquella decisión estuvo basada en “criterios ideológicos y políticos en vez de jurídicos” y, en definitiva, supuso estampar en su expediente “un sello de depurado por desafecto al régimen”.

Otra de las alegaciones de Vidal apuntaba que los hechos habían prescrito cuando se le impuso la sanción, ya que el Promotor de la Acción Disciplinaria en el CGPJ, el magistrado Antonio Jesús Fonseca, tuvo paralizado varios meses el expediente disciplinario abierto contra él.

En todo caso, Fonseca propuso al pleno (y no a la disciplinaria, como creyó la minoría progresista que debió hacer) la propuesta de sancionar por dos faltas muy graves a Vidal con la separación de la carrera.

Finalmente no se adoptó esa decisión, sino la de tres años de separación de la carrera por una falta muy grave de las previstas en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consistente en la vulneración del deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

Por lo que respecta a la organización interna del CGPJ, las vocales del denominado sector crítico y progresista del Consejo Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez defienden en su recurso que el presidente del CGPJ y del Supremo incumplió la ley cuando decidió la composición de las comisiones del Consejo.

La minoría progresista en el CGPJ persigue que se renueve anualmente la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces, en la que reside verdaderamente la capacidad de decisión sobre el mismo. Y llevó es propuesta al pleno del órgano de gobierno de los jueces.

Consideran que Lesmes obvió aquella propuesta suya y solo sometió a discusión del pleno del CGPJ la suya propia, con lo que no respetó lo previsto en el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo. El Supremo revisará sus argumentos y tomará una decisión.