El Supremo salvadoreño lleva a audiencia al ministro de Defensa por unas desapariciones

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador inició hoy una audiencia que involucra al ministro de Defensa, David Munguía Payés, por la supuesta desaparición forzada de dos adolescentes en 2014, informó el órgano de Estado.

Dicha audiencia es para que declaren los testigos presentados por la no gubernamental Asociación de Derechos Humanos, que presentó un recurso de hábeas corpus en 2015 en el que se demandó a Payés y al jefe del Estado Mayor, Rafael Melara, por la desaparición forzada de dos jóvenes de 16 y 17 años el 30 de julio de 2014.

“El día de los hechos, varios testigos observaron que de cinco a seis soldados privaron de libertad a los jóvenes, sin ninguna orden judicial, los amarraron y los subieron” a un vehículo, y desde ese momento sus padres los buscaron en diferentes bases militares sin que nadie les diera información de sus hijos, relató la fuente.

Los adolescentes desaparecidos son Bryan Alexander García (16) y William Ernesto Hernández (17), cuyos familiares declararon sobre cómo sucedieron los hechos ante los 5 magistrados del Constitucional.

El ente no reveló la fecha en la que concluirá la audiencia ni el tiempo que podría tardar dicha sala para dictar una resolución.

Los procesos del Constitucional no son iguales a los penales, en los que hay audiencia preliminar, instrucción y juicio. En cambio, los magistrados instalan audiencias especiales en las que escuchan a las partes.

Este es, al menos, el segundo proceso de este tipo que afrontan Payés y Melara.

En julio de 2015 la Sala de lo Constitucional creó una audiencia similar por la desaparición de 3 jóvenes el 18 de febrero de 2014.

“Los tres jóvenes entre las edades de 20 al 25 años desaparecidos, presuntamente por un sargento y cinco soldados, en el municipio de Armenia, departamento de Sonsonate (oeste)”, dijo la CSJ en su momento.

Por este último caso se desarrolló un proceso penal contra los 6 militares implicados, pero los mismos fueron absueltos de todo cargo.

Estos son los primeros casos de desaparición forzada atribuidos al Ejército desde la finalización de la guerra civil (1980-1992), que enfrentó a los cuerpos de seguridad con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político.

Diferentes organizaciones sociales han criticado la actual política de seguridad, que ha dado mayor protagonismo al Ejército.

El Gobierno salvadoreño negó recientemente que tenga militarizada la seguridad ciudadana, y aseguró que el uso del Ejército es “coyuntural”, pese a que actualmente posee más de 10.400 soldados en esas labores, una cifra en ascenso desde 2008.