Supremo salvadoreño presentará prueba de vinculo del oficialismo con amenazas

Cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña presentarán “pruebas” a la Fiscalía de la vinculación del oficialismo con amenazas de muerte que han recibido, aseguró hoy el juez Rodolfo González.

González dijo a la prensa que el lunes próximo llevarán las pruebas de que vehículos estatales asignados al gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el Congreso participaron en las protestas donde surgieron las amenazas.

Detalló que parte de las pruebas son “fotografías y algunos reportes de las placas de los vehículos” utilizados para transportar a supuestos miembros del partido a las protestas y que “al indagar se ha establecido corresponden a vehículos que están asignados al FMLN”.

“Yo pensaría que la época en que la guerrilla asesinaba a funcionarios judiciales y asesinó a un Fiscal General de la República, ya quedó atrás”, dijo González en referencia al pasado guerrillero del FMLN y a los crímenes atribuidos a este por un informe de las Naciones Unidas de 1993.

El pasado 6 de diciembre el magistrado de lo Constitucional Florentín Meléndez denunció ante los medios que él y otros magistrados han sido amenazados públicamente de muerte por grupos afines al Gobierno y al FMLN.

“Últimamente han aparecido pancartas en distintos pueblos y carreteras donde ya se nos amenaza a muerte de manera publica”, hay “mantas con nuestras caras y nuestros nombres que dicen 'muerte a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional'”, aseguró el juez a periodistas.

El letrado también denunció el acoso de los partidarios oficialistas, que acostumbran a bloquear la salida de los empleados de la Corte Suprema en San Salvador y que “llegan a pintar las paredes con insultos”.

Ese mismo día, el fiscal general, Douglas Meléndez, anunció a los medios que ordenó iniciar una investigación por las supuestas amenazas de muerte.

El Gobierno y el FMLN acusan a los magistrados Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González de “bloquear” las fuentes de financiación estatal y de generar una crisis de liquidez al Ejecutivo con sus sentencias.

Entre las resoluciones que cita el Gobierno se encuentran la que anuló la emisión de 900 millones de dólares en bonos y otra que ha frenado el incremento en el costo de la electricidad en un 13 %.

Una de las últimas disposiciones de la Sala que causó resquemores al Gobierno fue la que obliga a la Casa Presidencial a publicar los gastos y viajes de Sánchez Cerén.

“Mi Gobierno va a cumplir esa resolución de la Sala (de lo Constitucional)”, pero “a mi juicio, en la Sala siempre hay un exceso en sus resoluciones. Hay un problema de abuso”, dijo entonces el mandatario en una declaración pública.

No es la primera vez que Sánchez Cerén arremete públicamente contra los jueces de esta corte. A mediados de julio, cuando anularon la ley de amnistía que impedía investigar crímenes de la guerra civil (1980-1992), el mandatario aseguró que esto no respondía a los “verdaderos y actuales problemas del país”.