El Supremo venezolano dice que el defensor del pueblo puede tener tareas de fiscal

El Supremo de Venezuela difundió hoy una sentencia que señala que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el Ministerio Público y solicitar la ejecución de análisis forenses, entre otras atribuciones de fiscal.

Según el Supremo, la Defensoría del Pueblo “puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como: realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras”.

Esta decisión se produce después de que el presidente, Nicolás Maduro, haya cuestionado la actuación de la fiscal general, Luisa Ortega, que ha emprendido recursos legales sobre actuaciones del chavismo, como la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Carta Magna.

Se señala, además, que la Defensoría tiene la potestad de estar presente “en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar, incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio”.

Se indica que el defensor “ostenta amplia competencia constitucional para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos” y que “en el ejercicio legítimo del mismo, está facultado para iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas”.

La decisión se produce dos semanas después de que Saab solicitara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclarar las competencias del organismo que él dirige para participar en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía por casos de supuestas violaciones de derechos humanos.

El defensor consideró, al introducir el recurso, que es una “cualidad inherente” de la Defensoría del Pueblo “investigar las violaciones de derechos humanos” y aseguró que ha habido “una interpretación libre” de la Constitución por parte de la Fiscalía, que, en ocasiones, ha impedido la participación de la institución.

Este escenario surge en medio de las críticas que desde el Gobierno se han hecho contra la fiscal general por su actuación frente a la actual ola de protestas antigubernamentales que se inició el 1 de abril pasado y que ha dejado 76 muertos y más de un millar de heridos.

La fiscal ha reiterado que la acción penal es una competencia exclusiva del Ministerio Público y, con base en ello, ha desmentido versiones del Ejecutivo sobre el origen de algunos de los hechos violentos suscitados en medio de las protestas y ha criticado la intervención de tribunales militares en estos sucesos.