El Supremo venezolano aclara la revocación de sus medidas contra el Parlamento

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano publicó hoy las aclaratorias a las sentencias contra el Parlamento y precisó que ha revocado las medidas con las que asumía todas las facultades legislativas y delimitaba el alcance de la inmunidad parlamentaria.

En un auto con fecha 1 de abril publicado hoy en la cuenta de Twitter del Supremo, las dos sentencias, en las que se asumían las competencias del Parlamento y se limitaba la inmunidad de los diputados, fueron difundidas junto a una aclaración de los puntos que se revocan de las mismas.

La sala detalló que revocó la medida que otorgaba al jefe de Estado la facultad de reformar la Ley de Hidrocarburos ante el “desacato” de la Asamblea Nacional y también la referente a que el máximo tribunal “ejercerá” todas las competencias del Legislativo, mientras el Parlamento persista en “desacato”.

En el mismo auto precisó que esa decisión tenía “naturaleza cautelar” y su objetivo era corregir la omisión legislativa en la que incurre el Parlamento mientras persiste en el “desacato”.

Añadió que esa decisión no era un dictamen de fondo que resolviese la situación.

Además, el tribunal suprime la medida que dictaminaba que el privilegio de la inmunidad parlamentaria, que reconoce como una garantía del ejercicio parlamentario, era “incompatible” mientras la Asamblea Nacional persistiera en “desacato” y sin ejercer su función legisladora.

Asimismo, el auto revoca la orden al jefe de Estado para que ejerciera medidas internacionales para salvaguardar el orden constitucional, y a que tomara decisiones civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales para evitar un estado de conmoción.

Estas dos decisiones, según el Tribunal Supremo, eran al igual que en el caso anterior medidas cautelares, tomadas en base a “la amplia potestad que es propia de su competencia”, aunque “se revocan en este caso”.

En el auto, el máximo tribunal revoca las controvertidas medidas contra el Poder Legislativo, controlado por la oposición, que habían sido sometidas a una revisión de los magistrados de la Sala Constitucional tras un exhorto de los poderes públicos.

El Parlamento venezolano ha estado en “desacato” casi todo el último año por desobedecer una sentencia del Tribunal Supremo en la que ordenaba la suspensión de tres parlamentarios opositores recién designados por supuesto fraude en el proceso electoral.

Desde que la dirección de la cámara acordó desobedecer el dictamen del Supremo, todas sus decisiones y leyes han sido declaradas nulas por haber sido aprobadas dentro del “desacato”.