Suspendido el juicio por el caso Emarsa hasta que se extradite a Roca Samper

El juicio por el caso Emarsa ha quedado suspendido hasta que uno de los principales implicados, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, que está detenido en Moldavia, pase a disposición de las autoridades españolas y se pueda completar la instrucción con sus declaraciones.

Esta decisión de suspensión y aplazamiento se ha producido tras las peticiones formuladas por la Fiscalía y varias defensas en la primera sesión del juicio por el caso Emarsa, que juzga el saqueo de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia).

El tribunal de la sección Primera de la Audiencia de Valencia ha acordado hoy, en la primera sesión del juicio, la devolución de la causa al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia para que cumplimente la extradición acordada de Roca desde Moldavia, le tome declaración y retome la instrucción respecto a su procesamiento.

En el inicio de la vista, la fiscal ha informado a las partes -tras haberse puesto en contacto con la Fiscalía de Moldavia- de que Roca Samper fue condenado el pasado jueves a 10 meses de prisión por un delito de falsedad documental y de que ha consentido el proceso de extradición.

De momento, Roca Samper no ha recurrido la sentencia, aunque se desconoce si tiene intención o no de apelar y no hay plena certeza de que -como es posible en el ordenamiento español- pueda optar por pagar una multa y eludir la cárcel o descontar los cinco meses que lleva en prisión preventiva de la citada pena.

Aunque el resto de acusaciones (Emshi, Generalitat y PSPV) no se han sumado inicialmente a la petición de suspensión, tras escuchar que la petición era mayoritaria en las defensas, finalmente han accedido.

En opinión de la fiscal, los delitos que se atribuyen a Roca están “íntimamente relacionados” con los del resto de imputados, y además este empresario “está localizado y en el peor de los casos llegará a España en unos meses”, por lo que conviene esperar para, entre otros riesgos procesales, evitar el riesgo de sentencias contradictorias.

En consecuencia, el tribunal ha considerado que no resulta congruente mantener la causa en la Audiencia Provincial, por lo que la devuelve a Instrucción 15 a la espera de la extradición del considerado como uno de los cerebros de la trama (estuvo en busca y captura desde enero de 2012 hasta el pasado mes de junio).

Así, las defensas de algunos de los principales acusados, como Enrique Crespo, Ignacio Bernácer o Enrique Arnal, entre otros, han secundado la petición de suspensión porque podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de sus defendidos el hecho de “pretender averiguar la verdad sin escuchar a uno de los acusados”.

Los letrados de las defensas también han apuntado la posibilidad de que de las declaraciones de Roca Samper se puedan derivar nuevas responsabilidades penales de personas citadas como testigos en este juicio o de otras que no constan en la causa.

La defensa de Rafael Quiles ha pedido a la EMSHI que dé cuenta de la evolución de la demanda presentada contra varios de los procesados ante el Tribunal de Cuentas en 2011 por responsabilidad contable, por considerar relacionadas ambas causas.

Esta petición ha sido rechazada por la EMSHI, que ha defendido la existencia de suficiente jurisprudencia que acredita la independencia de ambas jurisdicciones, y también por la acusación que ejerce la Generalitat.

Antes del inicio del juicio, el alcalde socialista de Albal y exmiembro del consejo de administración de Emarsa, Rafael Marí, ha recordado que él fue una de las primeras personas en denunciar las irregularidades y ha reclamado a los legisladores mayor protección para los funcionarios que detecten el saqueo de fondos públicos.

También ha destacado la labor del juez que instruyó la causa durante cinco años, Vicente Ríos, y ha pedido “señalar a políticos y empresarios que se dejan corromper”.