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El TC admite recurso del PP contra ley valenciana permite revocar a senadores

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El TC admite recurso del PP contra ley valenciana permite revocar a senadores

El TC admite recurso del PP contra ley valenciana permite revocar a senadores

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso que el PP presentó contra la Ley valenciana de designación de senadores que permite revocar tal nombramiento por pérdida de confianza, una norma que los populares calificaron de "anti-Barberá", en alusión a la fallecida alcaldesa y senadora.

La admisión a trámite no implica ninguna medida cautelar ni adelanta el sentido en el que resolverá el alto tribunal sobre el fondo de la cuestión planteada. Simplemente supone que el recurso tiene relevancia constitucional y será estudiado.

El pasado mes de febrero, cuando Rita Barberá -la que fuera alcaldesa de Valencia y senadora popular- ya había fallecido, más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular recurrieron contra varios apartados de la Ley Valenciana que reformaba la designación de senadores autonómicos.

Lo explicaron como un acto de desagravio a Barberá, que había sido imputada por el Supremo y para quien, según interpretaron los populares, se había aprobado, el mes de octubre anterior, la citada reforma.

Es decir, los populares consideraron que la reforma recurrida se aprobó en octubre en Les Corts con intención de poder revocar la designación de Barberá como senadora valenciana tras la petición de suplicatorio contra ella del Supremo. Y una vez hubo fallecido, la recurrieron ante el TC, por creerla inconstitucional al haber sido diseñada "ad hoc" para un caso, pero también como desagravio para la política desaparecida.

La aprobación de aquella reforma salió adelante en las Cortes Valencianas con el voto en contra del PP y el favorable del resto de grupos, aunque el PSPV señaló que lo había hecho por "lealtad al acuerdo político" que tiene con Podemos.

El recurso ha sido ahora admitido a trámite por el Constitucional, que ha dado traslado del procedimiento a las partes implicadas (el Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno, así como a la Generalitat y a las Cortes Valencianas) para que hagan sus alegaciones.

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