El TSJ decidirá si hay indicios contra Clavijo en su caso de su etapa de alcalde

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidirá si existen indicios para citar como investigado al presidente de la comunidad, Fernando Clavijo (CC), en un caso de presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias relativo a su etapa como alcalde de La Laguna.

El Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad acordó ayer elevar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC las diligencias que ha realizado hasta la fecha en este caso, porque entiende que continuar con ellas puede implicar tomar decisiones en relación con un aforado, Fernando Clavijo, que figura en la causa como denunciado.

La juez de La Laguna que se encargaba hasta ahora de este procedimiento, conocido como caso Grúas, lo había archivado hace unos meses, pero la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife le ordenó retomarlo y seguir practicando diligencias, al ver “precipitada” su decisión y estimar que en la denuncia se relatan hechos que “pudieran revestir caracteres de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y/o tráfico de influencias”.

En su auto de ayer, la juez reproduce literalmente el grueso de los fundamentos jurídicos que la Audiencia le expuso para ordenarle seguir adelante y eleva al TSJC una exposición motivada, por entender que ello afecta a un aforado al que solo puede investigar la Sala de lo Civil y Penal, el presidente del Gobierno canario.

La magistrada no precisa qué hechos, indicios o presuntos delitos podrían achacarse a Fernando Clavijo, pero sí se refiere a él en un párrafo de su auto, literalmente, como “investigado”.

Sin embargo, la resolución de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que reproduce sus argumentos sí apunta algunas decisiones de Clavijo que podrían ser sometidas a revisión judicial.

En este asunto, se investiga si determinados empresarios recibieron un trato de favor por parte del equipo de gobierno de La Laguna la pasada legislatura, cuando el actual presidente canario era alcalde de la ciudad, en la gestión del servicio de grúas.

La Audiencia menciona dos decisiones de Clavijo sobre las que considera que conviene seguir practicando diligencias: dos decretos por los que levantó los reparos formulados por la Intervención Municipal al otorgamiento de un préstamo de 120.000 euros a la empresa concesionaria de las grúas y a la prórroga de ese servicio.

A juicio de la Audiencia Provincial, “no cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas (...) no atenten deforma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal”, al contrario de lo que había concluido inicialmente la juez instructora.

“Así como tampoco cabe excluir en este momento que, en su caso, la autoridad que las dictó, a quienes siquiera se ha oído, no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo”, añadía el tribunal.

La juez de La Laguna entiende que seguir con las diligencias que la Audiencia Provincial le encomienda realizar puede afectar a un aforado, por lo que eleva el caso al órgano competente, el TSJC.