El TSJC acuerda seguir con su investigación al Govern por la licitación de urnas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado mantener abierta su investigación por la licitación de urnas convocada por el Gobierno catalán, ante los indicios de que no es un hecho “aislado”, sino vinculado al referéndum y orientado “a infringir el mandato del Constitucional”.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC desestima así el recurso que la defensa de la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y su ex número dos Francesc Esteve presentaron contra la admisión a trámite de la querella que les interpuso la Fiscalía por convocar un acuerdo marco para la compra de urnas, que posteriormente fue declarado desierto.

Los recursos de las defensas alegaban ante el TSJC que la Fiscalía estaba haciendo un “uso preventivo” del derecho penal, dado que el Gobierno catalán todavía no había llegado a adquirir las urnas, y que éstas podrían ser usadas en distintos contextos electorales y consultas de todo tipo, todas ellas lícitas.

La sala, sin embargo, ve indicios de que la licitación de urnas, la aprobación de la ley de presupuestos de la Generalitat -de la que el Constitucional suspendió las partidas destinadas al referéndum- y el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que el 1 de octubre próximo se celebrará una consulta independentista pueden constituir “hechos concatenados”.

Para el tribunal, el acuerdo para la licitación de urnas es “una resolución administrativa que pudiera estar orientada a infringir el mandato del Tribunal Constitucional” y que, además, podría tener “repercusiones en el patrimonio” de los ciudadanos.

“Este proceso de licitación para la adquisición de urnas continuó en el tiempo y el 9 de junio se anuncia el referéndum sobre la independencia de Cataluña”, sostiene el TSJC, que añade en su auto: “no parece que nos hallemos ante hechos aislados, y deben ser investigados como presuntamente constitutivos de ilícito penal (...)”.

El TSJC cree que las alegaciones de la defensa de que la Generalitat pretende usar las urnas para todo tipo de consultas “en nada desdice la realidad objetiva” de la providencia del Constitucional que el pasado 4 de abril suspendió la vigencia de los apartados de los presupuestos catalanes “referidos a gastos vinculados a la celebración de un referéndum”.

Además, recuerdan los jueces que esa misma providencia “advertía” a los miembros del Gobierno catalán “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir la suspensión, haciendo mención expresa a la licitación por la Generalitat de contratos administrativos instrumentales para la preparación del referéndum”.

En ese sentido, el tribunal recuerda que la Generalitat inició un proceso de licitación para la compra de urnas, que establecía un precio por lote y condiciones de contratación para el momento en que se hiciera necesario el suministro, apenas un mes antes de que Puigdemont hiciera “público anuncio de su firme voluntad de celebrar un referéndum por el que se pregunte a los catalanes si quieren que Cataluña sea un Estado independiente”.

Y ese anuncio, insiste la sala, “se reafirma” dos días más tarde “en un acto convocado por la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia”.

El TSJC cree que tampoco incide en que se mantenga la causa abierta el hecho de que la Generalitat haya solicitado al TC que se pronuncie sobre si la suspensión de los presupuestos resulta vulnerada por la resolución de las urnas, porque “tal duda se plantea al Constitucional varios días después” de la publicación del anuncio y no ha impedido “que la licitación siguiera desarrollándose”.