El TSJM insta a la Comunidad a explicar por qué no facilitó las actas del Canal

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha concedido diez días al Gobierno regional para que explique las razones por las que no facilitó a la oposición de la Asamblea de Madrid documentación relacionada con el caso Lezo, como algunas actas del Canal de Isabel II.

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid recurrió el pasado mes de noviembre ante la Justicia la “negativa” del Gobierno de Cristina Cifuentes a proporcionar esta información, según ha recordado la formación en una nota de prensa.

En una diligencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fechada el pasado 14 de febrero a la que ha tenido acceso Efe, un letrado da un plazo de diez días a la Comunidad para remitir un expediente administrativo con las razones por las que no facilitó esta documentación a la oposición.

El plazo empieza a contar desde la entrada en el registro de la Comunidad de Madrid de la diligencia.

Fuentes del Gobierno regional han explicado a Efe que aún no han recibido la notificación, pero han apuntado que ya están completando el expediente “para mandar la información completa”.

“Cristina Cifuentes miente. No hace falta que se pronuncien los tribunales para darnos la información que es legítimamente nuestra”, ha dicho el diputado de Podemos Miguel Ongil.

En opinión de Podemos, la “negativa” del PP a facilitar la documentación busca “ocultar datos que aportaran nuevas pruebas” en el caso Lezo.

El pasado mes de enero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dictó un auto en el que determina que “no ha lugar la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid” relativa al caso Lezo por estar en fase de instrucción.

Esta resolución judicial se produjo después de que el juez Fernando Andreu, que estaba temporalmente al frente del mismo Juzgado, dictara en agosto de 2017 una providencia que daba vía libre a la entrega de documentación sobre el Canal de Isabel II a la comisión.