El TSXG acuerda el procesamiento de la diputada María Faraldo (PP) por supuesta prevaricación y falsedad documental

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado el procesamiento, por existir “indicios racionales”, de la diputada del PPdeG y exalcadesa de Betanzos, María Dolores Faraldo, “por la eventual comisión de los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental”, en un auto hecho público este lunes.

Por el mismo motivo, también acuerda el procesamiento de Alberto G.N., profesor de música del Conservatorio de Betanzos, por la eventual comisión de un delito de falsedad documental; y del director del citado centro, Juan Antonio F.C., “por su probable participación en un delito de tráfico de influencias”.

Dada la condición de aforada de María Dolores Faraldo, la Sala asumió la competencia para continuar la instrucción de este caso, tras las diligencias remitidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos, por supuestas contrataciones irregulares durante su mandato al frente del Consistorio.

El auto estima, en su integridad, la pretensión de procesamiento formulada por el Ministerio Fiscal y, parcialmente, la presentada por el Ayuntamiento de Betanzos, gobernado por el alcalde socialista, José Ramón García Vázquez.

Así, rechaza el procesamiento, también por un presunto delito de prevaricación administrativa, en relación a la contratación de dos profesores de la escuela municipal de folclore como pedía el Consistorio, “al no atisbar una actuación delictiva” por parte de la exalcaldesa.

Por el contrario, sí ve “indicios racionales” en relación con la contratación del profesor de música, para el que acuerda también su procesamiento.

CONTRATACIÓN “VERBAL Y DIRECTA”

En concreto, sostiene que, pese a ser “conocedora” de “la imposibilidad jurídica de contratar en términos laborales a un nuevo profesor de música”, para el curso 2009-2010, “por no existir plaza vacante ni presupuesto en el capítulo de personal”, lo hizo “para dar satisfacción a los deseos y recomendación del director del Conservatorio”.

En el auto, el magistrado instructor, José Antonio Ballestero, argumenta, además, que lo hizo “sin contrastar ni verificar las razones de necesidad esgrimidas por éste” y “sin proceso selectivo alguno que objetive su mérito y capacidad, más allá de que había estudiado en el conservatorio, era vecino y estaba en paro”, añade sobre una contratación que califica de “directa y verbal”.

FALSEDAD DOCUMENTAL

Respecto al delito de falsedad documental, afirma que “para llevar a cabo sus propósitos y dar apariencia al contrato de arrendamiento de servicios”, Faraldo indicó al profesor de música que emitiese facturas “bajo el concepto 'mantenimiento y reparación de instrumentos' si bien su labor era la de profesor del conservatorio”, añade.

Por este motivo, acuerda también el procesamiento del citado profesor, al tiempo que argumenta, en el caso del director del conservatorio, que “empleó su ascendencia” sobre la exalcaldesa para favorecer la contratación de su antiguo alumno.

En otro orden de cosas, el auto fija una fianza, para cada uno de ellos, de 2.000 euros que deberán presentar para hacer frente a posibles responsabilidades pecuniarias. Contra el auto, caben recursos de reforma y apelación.

CONTRATO MENOR

La diputada ha dicho estar “tranquila” en relación con la contratación de un profesor de música del conservatorio y ha defendido que se trató de “un contrato menor, de servicios, que se puede hacer”, al tiempo que ha atribuido a un “tema político” el procedimiento el que se inmersa.

Así, ha vuelto a insistir en la existencia de una “muy buena relación” entre el secretario municipal y el PSOE -que ahora gobierna el Ayuntamiento de Betanzos- y , al hilo de ello, ha atribuido el hecho de que el informe que remitió al juzgado de instrucción de este municipio sobre supuestas contrataciones irregulares incluyese “lo divino y lo humano”.

Faraldo ha reiterado, por otra parte, sobre el caso por el que ahora se acuerda su procesamiento, que quiso “resolver un problema”. “Se me pidió una persona para arreglar instrumentos”, ha remarcado la exalcaldesa, quien no se ha querido pronunciar sobre si presentara su dimisión.

“No voy a contestar de momento”, ha apostillado la diputada del PPdeG, cuya condición de aforada hizo que el TSXG asumiese la competencia para continuar la instrucción de este caso, tras las diligencias remitidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos, por supuestas contrataciones irregulares durante su mandato al frente del Consistorio.

“DECLARACIÓN INDAGATORIA”

En declaraciones a Europa Press, Faraldo ha precisado que este auto no implica la apertura de un juicio, sino que deberá volver a declarar como imputada, en concreto el próximo 4 de febrero. También ha precisado que será, posteriormente, y tras decidir si pide o no nuevas pruebas, cuándo se determine si se celebra una vista oral.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han precisado que, al tratarse de un procedimiento de sumario, la diputada del PPdeG, al igual que los otros dos imputados, deberá volver a prestar declaración ante el juez instructor. Posteriormente, será la Sala del TSXG la que decida si se abre juicio oral.

De hecho, el auto señala el día 4 de febrero, a partir de las 10,00 horas, para recibir “declaración indagatoria a los procesados”, que serán citados a través de sus procuradores y efectuar los requerimientos preceptivos.

EXPEDIENTE

Aunque la dirección del grupo y la del partido mantienen silencio en base a que acaba de trascender el auto, los Estatutos del PPdeG determinan que cuando se tenga conocimiento de una imputación judicial a un afiliado por “incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o por realizar conductas tipificadas como delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias se consideren incompatibles con las obligaciones y deberes éticos de los Estatutos nacionales” se procederá a abrir expediente informativo.

Dicho expediente informativo se transformará “en disciplinario” en el momento en que se produzca señalamiento del juicio oral. La resolución de este expediente disciplinario tendrá lugar “cuando se dicte la sentencia” o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial.

Asimismo, el texto estatutaria recoge que el Comité de Derechos y Garantías de Galicia podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia “en función de las circunstancias del caso concreto”.

Los cargos públicos asumen el compromiso de comunicar la apertura de cualquier procedimiento judicial en el que puedan verse inmersos y, según afirmó recientemente el portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, Faraldo ha cumplido con esta premisa.

En concreto, Puy esgrimió que la diputada “cumplió las normas éticas” del PPdeG y comunicó “desde el primer momento” su situación procesal. También remarcó que la se investigación se centra en una actuación previa a que fuese diputada de la Cámara autonómica y que la acusación busca aclarar la motivación “de un contrato administrativo” pero no pone el foco en actuaciones “de enriquecimiento ni políticamente reprobables”.