Tailandia detiene a varios políticos locales acusados de tráfico de personas

La Policía de Tailandia ha detenido a tres políticos locales y a un birmano acusados de tráfico de personas en relación con los campos clandestinos donde encontraron los cadáveres de 26 inmigrantes, informa hoy la prensa local.

Los políticos son jefes locales en la provincia de Songkhla, donde el viernes pasado los agentes y soldados hallaron los 26 cadáveres, en su mayoría de la minoría birmana de los rohingya, en un campamento ilegal.

Todos ellos están acusados de colaborar con los traficantes responsables del campo de detención.

Las autoridades tailandesas indicaron que hay otras personas en busca y captura, y que dos miembros de la Policía local están siendo investigados por su posible participación.

Según dos jóvenes rescatados, en el campo llegó a haber retenidas 800 víctimas del tráfico humano, en su mayoría birmanos y bengalíes, a los que los traficantes liberaban cuando sus familiares pagaban un rescate.

“Pertenecíamos a un grupo que no podía pagar los rescates por lo que nos tenían encerrados sin importarles si vivíamos o moríamos”, manifestó Anuzar, otro superviviente de 28 años, de acuerdo con el diario “Phuketwan”.

“La mayoría sufríamos palizas y abusos en el campo, nunca teníamos suficiente comida o agua. Raramente nos duchábamos”, relató la víctima, quien calculó que en el campo había al menos 10 bengalíes y 30 rohingyas muertos.

El campo, situado cerca de la frontera con Malasia, constaba de varias chozas para dormir, cocina, lavabos y una torre de vigilancia.

Miles de rohingyas, una minoría musulmana considerada apátrida, se embarcan todos los años en un peligroso viaje hacia Tailandia y Malasia para huir de la persecución y la pobreza en Birmania (Myanmar).

Los rohingyas, una de la minorías más perseguidas del mundo, según la ONU, son considerados extranjeros en Birmania, donde son calificados de bengalíes, y en él vecino Bangladesh.

“El descubrimiento de las tumbas debería conmocionar al Gobierno tailandés para acabar con las redes de tráfico que enriquece a oficiales a costa de personas extremadamente vulnerables”, indicó en un comunicado Brad Adams, director de Human Rights Watch en Asia.

Adams criticó que las autoridades encierren a los inmigrantes en centros a tal efecto cuando son rescatados de las mafias en lugar de ofrecerles “seguridad y protección”.