Testigos niegan que Obispado haya querido vender monasterio de las Jerónimas

Dos sacerdotes y un abogado del Obispado de Mallorca que han declarado como testigos han negado que la Diócesis tuviera intención de vender el monasterio de las Jerónimas de Palma, durante el juicio celebrado hoy por la demanda de la congregación de religiosas que pide la nulidad de la inmatriculación del convento.

El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Palma ha acogido hoy el juicio derivado de la demanda interpuesta por la congregación de religiosas jerónimas del monasterio de Santa Isabel contra el Obispado de Mallorca pidiendo que se anule la inmatriculación de dicho convento, basada en tres certificados registrales de sus fincas que también solicita que se declaren nulos.

El secretario canciller de la Diócesis de Mallorca cuando se llevó a cabo la inmatriculación y actual vicecanciller y rector de cinco parroquias, Josep Adrover, ha explicado al juez que entre 2014 y 2015 se llevaron a cabo unas 60 inmatriculaciones en Mallorca y el único caso que derivó en conflicto fue el de Santa Isabel.

Todo comenzó cuando una de las religiosas le solicitó en mayo de 2014 que expidiera un certificado de propiedad para inmatricular el monasterio a favor de las jerónimas y se negó: “No podía cuando a mí me constaba lo contrario”.

El documento que tenía el obispado para demostrar que el convento era propiedad de la Diócesis es un inventario de bienes de 1865. “Para mí era clarísimo, y para los que trabajábamos en la curia, que este documento era título de propiedad”, ha afirmado, el excanciller, quien pidió a las religiosas que demostraran su propiedad.

Adrover ha negado que el Obispado tuviera intención de enajenar el monasterio: “Delante de mí nadie ha hablado nunca de vender y sí de que ojalá pudiera continuar la vida monacal”. Ha dicho lamentar el juicio y ha señalado que la Diócesis ha intentado un arreglo pacífico que ha sido imposible.

Un abogado que trabaja en los servicios jurídicos del Obispado y que también ha declarado como testigo ha coincidido en que considera que ese listado de 1865 es un título de adquisición del monasterio.

El actual canciller de la Diócesis, Jaume Estela, ha confirmado que la mayor preocupación en relación con los monasterios es “mantener siempre su uso” y ha recalcado que nunca se ha vendido ninguno.

En las conclusiones del juicio, la abogada de las religiosas, Pilar Rosselló, ha afirmado que los certificados de las tres fincas que firmó el exobispo Javier Salinas en 2014, en los que se basa la inmatriculación a favor del Obispado, “son meras manifestaciones del obispo”, que carecen de respaldo registral. Los considera parte de un proceder “preconcebido para arrebatar el monasterio a las jerónimas”.

Rosselló ha calificado como un fraude de ley que la inmatriculación la solicitara el Obispado cuando el registro catastral de las tres fincas está a nombre de las jerónimas.

La abogada considera el caso de las jerónimas una historia paralela a la ocurrida con el monasterio de Santa María Magdalena que sí ha sido inmatriculado por las religiosas, y ha pedido al juez la nulidad de la inmatriculación de Santa Isabel “por fraude de ley, abuso de derecho y mala fe”.

Por su parte, el letrado del Obispado, Raimundo Zaforteza, ha asegurado que, al contrario que las religiosas, éste sí dispone de un título de propiedad “irreprochable” sobre el monasterio, la relación de bienes de la Iglesia del 30 de noviembre de 1865.

Ha cuestionado que las demandantes no hayan impugnado ese título de adquisición y ha asegurado que las religiosas habitaban el monasterio “de prestado” y por una cesión verbal.

Ha defendido que el propósito del Obispado sobre las propiedades que adquirió mediante dicho convenio de más de un siglo de antigüedad era que persistiera la vida monacal y que no se vendiera nunca un monasterio.

Zaforteza ha pedido al juez que desestime la demanda que considera “un dislate” planteado por “personas que han manejado a las monjas jerónimas”.

También ha defendido la legitimidad de las certificaciones en las que se basa la inmatriculación. Ha precisado que en total la Diócesis certificó unos sesenta bienes entre 2014 y 2015, inscritos en 11 Registros diferentes de Mallorca, ninguno de los cuales puso reproche alguno.