Torres-Dulce dice que es la Agencia Tributaria quien marca “el terreno de juego” en una posible imputación a la Infanta

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha subrayado que es la Agencia Tributaria la que “marcará el terreno de juego” en lo que respecta a una posible imputación de la Infanta Cristina por delito fiscal y ha subrayado que, “una vez se reciba el informe”, las partes lo valorarán. Además, ha destacado como “prioridad” la lucha contra la corrupción, porque es “un cáncer que está devorando buena parte de la credibilidad y del sistema democrático de partidos y de organización democrática de la sociedad española”.

En declaraciones a los medios en San Sebastián, donde ha participado en la sesión inaugural del 28 Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Torres-Dulce ha recordado que ha sido juez instructor de la causa quien ha pedido una serie de informes a la Agencia Tributaria que es “la que debe marcar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los ciudadanos sin ningún tipo de distinción sujetos a ese deber”.

“Una vez que se reciba el informe, las partes lo valorarán como el propio juez. Es la Agencia Tributaria la que, a petición del juez, marcará el terreno de juego como lo ha hecho anteriormente respecto a otras personas a las que ha permitido la imputación por delito fiscal”, ha indicado.

Sobre si la Fiscalía va a investigar los presuntos pagos del PP al o expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el Fiscal General del Estado ha incidido en que es “una prioridad” luchar contra la corrupción, que “es un enorme cáncer” que está “devorando buena parte de la credibilidad y del sistema democrático de partidos y de organización democrática de la sociedad española”.

Por tanto, ha señalado que “el Ministerio Fiscal, a través de sus órganos y muy especialmente de la Fiscalía Anticorrupción y de las secciones de delitos económicos de las fiscalías está permanentemente atenta ante cualquier indicio, cualquier noticia o cualquier puesta en comunicación de asuntos que puedan revelar un comportamiento de tipo de corrupción, de tipo económico, social, económico o financiero”, algo que “no implica ningún juicio de valor que suponga desdoro alguno para los derechos de defensa y de la presunción de inocencia”.

Torres-Dulce ha opinado que la sociedad española demanda al Ministerio Fiscal que “se muestre activo y eficiente y que los tribunales de Justicia den una respuesta”, así que “evidentemente vamos a investigar cualquier actuación y entre ellos puede estar” la de esos presuntos pagos.

BATERAGUNE Y VÍA NANCLARES

A preguntas de los periodistas sobre la oposición de la Fiscalía a que el Tribunal Constitucional (TC) suspenda el cumplimiento de las condenas del 'caso Bateragune' mientras no resuelva sobre el fondo de la sentencia del Tribunal Supremo (TS), Torres-Dulce ha defendido que se trata de una actuación “absolutamente imparcial”.

“No se puede decir que la Fiscalía sea flexible, o inflexible, la Fiscalía se mueve en el área de la legalidad, de una interpretación dinámica siempre de la legalidad, sujeto fundamentalmente a un criterio de imparcialidad que es el que manda la Constitución”.

Por tanto, ha insistido en que la actuación de la Fiscalía “en este o cualquiera otro tipo no tiene nada que ver con cualquier perspectiva de tipo político, ni de tipo social, sino exclusivamente con respecto al espíritu de la Ley, no a la letra estricta, sino al espíritu de la Ley”.

Por tanto, ha dicho, “no se ha intentado trasladar ningún tipo de mensaje”, con esa oposición a la suspensión de las condenas, porque la Fiscalía no tiene “ningún otro compromiso que no sea la defensa de la Constitución y de los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales”.

“No hay ningún tipo de horizonte, ni de cálculo político, al respecto, sino establecer un criterio de comportamiento riguroso, con respecto a la Ley”, ha incidido. “Si se observan los dictámenes de la Fiscalía del Tribunal Constitucional o de la Audiencia Nacional observarán que no nos hemos movido ni un ápice de situaciones similares, se trate de delitos de terrorismo, de colaboración, de un entorno político o delitos vamos a llamar comunes del propio Código Penal”, ha añadido.

Por lo que respecta a la denominada 'vía Nanclares' en la que está incluido un grupo de presos de ETA ha indicado que la posición de la Fiscalía no viene marcada “por la posición del Ministerio de Interior ni de ninguna consejería, sino por la postura que adopta siempre atendiendo a la individualización de cada caso”.

“Ni compartimos, ni dejamos de compartir, la vía Nanclares sino que contemplamos cómo debe aplicarse en cada caso el cumplimiento de la ley”, ha añadido.