Torres-Dulce ve rasgos “autoritarios” en la reforma del Código Penal

El ex fiscal general del Estado y fiscal ante el Tribunal Constitucional, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que la reforma del Código Penal aprobada en solitario por el PP el 26 de marzo y que entrará en vigor el próximo 1 de julio tiene “características de derecho autoritario” que ha tachado de “preocupantes”.

Torres-Dulce ha hecho estas declaraciones en una mesa redonda que, bajo el título “aspectos controvertidos de la reforma del Código Penal”, se celebró en el acto de entrega del XXIX premio La Ley, organizado por Wolters Kluwer en la Fundación Rafael del Pino de Madrid.

El ex fiscal general del Estado, quien dimitió el pasado 18 de diciembre por “razones personales” y tras “desencuentros” con el Ministerio de Justicia, ha dicho que el actual Código Penal es “del todo insostenible” y ha censurado que en la reforma se haya consolidado la “desaparición del principio de intervención mínima en sustitución del principio de intervención máxima”.

En esa línea, ha opinado que muchas de las modificaciones son “demasiado doctrinarias” y que se hacen “sin una reflexión sobre el hábitat penal”, por lo que ha augurado que provocarán “un desbarajuste” y ha agregado que los cambios, con frecuencia, tampoco responden a “una verdadera necesidad”.

Torres-Dulce ha incidido especialmente en la imputabilidad de las personas jurídicas, un extremo sobre el que ha dicho que la nueva regulación provocará un “caos interpretativo” por su “sistemática carencia de coherencia” y por la insistencia del legislador de regular “asuntos extravagantes”.

Por su parte, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha estimado que la tipificación del delito de malversación de caudales públicos tiene “excesiva indeterminación” en la citada reforma del Código Penal, si bien ha admitido que la regulación previa era “manifiestamente mejorable” y que su revisión resultaba “conveniente”.

También el abogado y ex magistrado de sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Adolfo Prego, ha manifestado su apuesta por “tirar” el Código Penal y “hacer uno nuevo” que sustituya al vigente, que ha tachado de “irreconocible” y de suma de “rectificaciones a destiempo y arreglos mal hechos”.

Prego ha lamentado que el ciudadano viva, a su juicio, en “un permanente peligro ante la amenaza del Estado” por “los vaivenes del principio de legalidad” que suponen las sucesivas reformas del Código Penal, aunque ha concedido que la última reforma tiene aspectos positivos, como las precisiones introducidas en torno a los delitos de administración desleal y apropiación indebida.