Tramitan alerta roja contra el jefe de Odebrecht en Venezuela

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó hoy de que se ha cursado una alerta roja por medio de la Interpol para la captura de Euzenando Prazeres de Azevedo, quien fue presidente de Odebrecht en el país caribeño.

Saab hizo este anuncio en una declaración retransmitida por el canal estatal VTV, en la que señaló también que se ha activado otra alerta roja ante Interpol contra el exdiputado Germán Ferrer, esposo de la exfiscal disidente del chavismo Luisa Ortega e implicado en una supuesta red de extorsión que habría operado en el Ministerio Público.

Según Saab, se trataría de una trama liderada por varios altos cargos de la Fiscalía cuyos nombres espera que sean revelados por el abogado preso José Parra Saluzzo, dueño del bufete Parra Saluzzo, que trabajaba para Odebrecht.

“Parra Saluzzo se encuentra privado de libertad y ha prometido acogerse a la política de la delación para (...) revelar con nombre y apellido quiénes eran los directores, quiénes eran los titulares del MP (Ministerio Público) que conformaban el cartel de extorsión”, dijo.

El fiscal general agregó que Parra Saluzzo ha comentado a fiscales en ejercicio que Ferrer e incluso Ortega están vinculados con la “red de extorsión”, aunque no lo ha confirmado ante la autoridad judicial.

El titular de la Fiscalía aseguró este miércoles que existió una relación “directa” y “concreta” entre tres fiscales, la empresa brasileña Odebrecht y el bufete Parra Saluzzo, en hechos de corrupción.

Saab reveló asimismo que se están tramitando otras alertas contra los hermanos empresarios Carlos Enrique Urbano Fermín y Carlos Eduardo Urbano Fermín por un supuesto caso de corrupción de la petrolera estatal PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Según documentos revelados por el Departamento de Justicia de EE.UU. el pasado 21 de diciembre, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.

De acuerdo con esos documentos, los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”.

Los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York señalan que la compañía brasileña pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela entre 2006 y 2015, a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” para “obtener y retener contratos de obras públicas”.