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El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión del euro por receta en Cataluña

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El Tribunal Constitucional prolonga la suspensión del euro por receta en Cataluña

El Tribunal Constitucional prolonga la suspensión del euro por receta en Cataluña

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido hoy mantener la suspensión cautelar del pago de un euro por receta en Cataluña mientras resuelve sobre el recurso que el Gobierno presentó contra la decisión de la Generalitat catalana de cobrarlo.

El TC admitió a tramite el pasado mes de enero el recurso decisión que, a solicitud del Gobierno y en aplicación de la Constitución, implicaba la suspensión provisional de la medida en tanto se resuelve el fondo del asunto.

La suspensión provisional se adoptó por un plazo de cinco meses, un plazo que se ha cumplido ya, por lo que el pleno del alto tribunal debía decidir hoy si mantenía la medida, y se ha inclinado por prolongarla en tanto resuelve sobre el recurso.

La decisión de prolongar la paralización en Cataluña del cobro de un euro por receta podría repetirse en las próximas semanas en Madrid, puesto que el TC también admitió a trámite un recurso del Gobierno en ese caso y adoptó la suspensión.

En su decisión de hoy el Constitucional mantiene también la aplicación de las tasas judiciales impuestas por el Gobierno catalán y con las que la Generalitat preveía recaudar entre 15 y 20 millones de euros anuales y contribuir así a aumentar sus ingresos.

El Alto Tribunal admitió a trámite también el recurso presentado el pasado diciembre por el Gobierno español contra esta tasa y la suspendió temporalmente, lo que ha decidido mantener ahora.

Así, el Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de la aplicación del artículo 16 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2012, que contemplaba la creación de una "tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de Justicia", junto a otras tasas, como la impuesta sobre estancias en establecimientos turísticos .

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró la suspensión del euro por receta como algo "dentro de la normalidad constitucional" y del funcionamiento "normal" de las instituciones. "Todos los españoles, en asuntos esenciales, tienen que ser iguales", defendía el Gobierno en su recurso.

Sin embargo, el ejecutivo catalán informó de que entrada en vigor de la tasa, hace seis meses, supuso una recaudación de 45,7 millones de euros, según datos de la Generalitat.

El Gobierno catalán contaba con recaudar 140 millones de euros, gracias a esta medida, para 2013, lo que complica la elaboración de los presupuestos de la Generalitat, según el cálculo del impacto económico del euro por receta del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, criticó la "obsesión" del Gobierno central de considerar inconstitucional cualquier medida que adopta el Ejecutivo catalán.

"Estamos en un marco de austeridad y ahorro y resulta que el Gobierno español impide que tomemos decisiones que van en la línea de cuadrar cuentas", lamentó Homs, quien aseguró que la Generalitat estaba logrando un ahorro mensual del 20 % del gasto farmacéutico.

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