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El Tribunal de Cuentas pide a Mas y otros altos cargos 5 millones por el 9N

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El Tribunal de Cuentas pide a Mas y otros altos cargos 5 millones por el 9N

El Tribunal de Cuentas pide a Mas y otros altos cargos 5 millones por el 9N

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre en Madrid a once ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos el expresidente Artur Mas, para comunicarles que deberán abonar una fianza de 5 millones por los gastos de la consulta del 9N.

Esa decisión del Tribunal de Cuentas, conocida un día antes de que comience el pleno en el que los independentistas podrían aprobar la ley para celebrar un referéndum el 1 de octubre, ha sido duramente criticada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha acusado al Gobierno de "saltarse el Estado de derecho" y de usar de manera "torticera" la ley.

Puigdemont, que ha asegurado que la "estrategia desesperada" de "fomentar el miedo" por parte del Estado no frenará el referéndum de independencia y que este es "inevitable", ha comparecido en una rueda de prensa con el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, tras una reunión de urgencia a la que también ha asistido Mas.

En este encuentro han participado representantes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que han anunciado que reactivarán su "caja de solidaridad" para que los catalanes puedan ayudar a pagar la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas, que han tachado de "gangsteril".

Entre los citados por el Tribunal de Cuentas están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados, al igual que Mas, por la consulta del 9N, y también se incorpora ahora a otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.

El listado incluye al ex secretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana, así como a Lluís Bertran, Josefina Valls, mujer del exconseller Jordi Baiget, que abandonó el Govern precisamente por miedo a perder su patrimonio; Carolina Pardo, Jaume Domingo, Ignasi Genovés y Jordi Serra.

Previamente, en el acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han garantizado que actuarán con firmeza en defensa de la ley ante quienes pretenden vulnerarla en el proceso soberanista.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien le ha expresado su apoyo "sin fisuras" para recurrir de inmediato la ley de referéndum ante el Tribunal de Constitucional.

El Parlament acogerá a partir de mañana las sesiones en las que se prevé aprobar la ley de referéndum, antes de que el Govern en pleno firme el decreto de convocatoria del 1-O. Sin dar detalles concretos, Junts pel Sí y la CUP han solicitado la convocatoria de un pleno monográfico extraordinario para este viernes.

Tras la reunión semanal del Govern, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado que la Generalitat "seguirá adelante" con la convocatoria del referéndum, al considerar que "no es delito" dentro del marco legal español, y ha avisado de que si el Estado lo frenase "atentaría" contra la legislación europea.

En sentido parecido se ha expresado la portavoz parlamentaria de Junts pel Sí (JxSí), Marta Rovira, que ha dado a entender que su grupo acudirá a la justicia europea si hay un "ataque al Parlament" por parte del Estado para frenar el referéndum.

Los diputados de Ciudadanos han confirmado que también abandonarán el hemiciclo cuando se vote la ley del referéndum, como anunció ya el PSC, al considerar que es un "atropello a los derechos de los catalanes".

Los socialistas han presentado un escrito de reconsideración a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para reclamarle que solicite un informe jurídico sobre la adecuación de la Ley del Referéndum a la legalidad vigente.

Por su parte, el portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha admitido que podría darse un voto diferenciado dada su "pluralidad" -Podem ya ha avanzado que se abstendrá- pese a la unidad para enmendar el "carácter vinculante" del 1-O.

La CUP ha certificado por su parte que se votarán esta semana en el Parlament la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, las denominadas leyes de "desconexión", y ha llamado a la movilización de la ciudadanía para defenderlas frente a las "amenazas", "prohibiciones" y "sanciones" del Estado.

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