El Tribunal de Cuentas investiga el polémico alquiler de locales por el Ayuntamiento de Vitoria

El Tribunal de Cuentas del Estado ha abierto una investigación por el polémico alquiler de unos locales de la calle San Antonio por parte del Gobierno municipal de Vitoria, un contrato suscrito durante el mandato del alcalde Alfonso Alonso, ahora portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, y cuando el actual regidor, Javier Maroto, era responsable de la Hacienda municipal.

El pasado 10 de abril, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria acordó, con el único voto contrario del PP, remitir al Tribunal de Cuentas del Estado las conclusiones de la comisión de investigación que analizó el contrato de los locales de San Antonio, al considerar que la forma en la que actuó el Gobierno municipal pude ser “susceptible de menoscabo de los caudales públicos” y de “responsabilidad contable”.

El portavoz del PNV en el Ayuntamiento, Gorka Urtaran, ha acusado al actual alcalde, Javier Maroto, de “intentar que no se sepa la verdad sobre lo ocurrido” en torno a este alquiler, del que los 'jeltzales' han recordado que se firmó en 2007 “por más de 6 millones de euros, cuando el precio de compraventa de los locales era de 2,6 millones”.

Urtaran ha reprochado que a pesar de los tres meses transcurridos desde el paso dado por el Tribunal de Cuentas --una decisión que hasta ahora no había trascendido--, Maroto “ha ocultado la información a la Corporación y a la ciudadanía, porque se ha autonombrado interlocutor del Ayuntamiento con el Tribunal”.

MOCIÓN

Por ese motivo, ha anunciado que, a través de una moción, reclamará al Gobierno municipal “máxima transparencia y colaboración”, así como que “delegue en la Secretaria General como órgano independiente la representación municipal”.

El PNV ha destacado que la apertura de diligencias por parte del órgano fiscalizador se debe a que el Tribunal “ha apreciado visos de credibilidad en la denuncia realizada por la oposición municipal”. “De lo contrario, no habría seguido adelante nombrando a una persona instructora del caso, que ahora está recabando información para que posteriormente pueda pasar al departamento de Enjuiciamiento Contable para la apertura de pieza separada”, ha explicado Urtaran.

El concejal del PNV ha criticado que el PP “dice que ese procedimiento del Tribunal es normal”. “Nada más lejos de la realidad”, ha asegurado, para añadir que “lo normal habría sido hacer las cosas bien y que el órgano fiscalizador no tuviera que intervenir”.

“FALTA DE TRANSPARENCIA”

El PNV ha registrado una moción que se debatirá el próximo 26 de septiembre en el pleno del Ayuntamiento. En el texto, se condena “el incumplimiento por parte del alcalde del Código de conducta y buen gobierno”, al haber actuado “con falta de transparencia y nula voluntad de rendir cuentas para esclarecer todos los detalles” relativos a este alquiler.

En la moción, también se exige al primer edil “plena colaboración” con el Tribunal de Cuentas del Estado para el esclarecimiento de los hechos.