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El Tribunal de Cuentas pide más regulación de los micrócreditos como los de Podemos

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El Tribunal de Cuentas pide más regulación de los micrócreditos como los de Podemos

El Tribunal de Cuentas pide más regulación de los micrócreditos como los de Podemos

El Tribunal de Cuentas cree necesario una "mayor regulación legal" de las nuevas fórmulas de financiación a través de microcréditos que emplean partidos como Podemos para costear sus campañas electorales.

"Debería valorarse la oportunidad de realizar una mayor regulación legal de las nuevas fórmulas de financiación a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos", señala el Tribunal en su informe sobre los gastos electorales de los comicios del 20 de diciembre de 2015.

Según la documentación aportada por Podemos, la formación liderada por Pablo Iglesias obtuvo 2,81 millones de euros por esta vía, la totalidad de sus ingresos para la campaña electoral.

Con esa cantidad, declaró unos gastos ordinarios de 2,22 millones de euros y 587.166 para el envío de propaganda electoral, ambos por debajo del límite legal.

En el informe se detalla que las 25 formaciones obligadas a presentar su contabilidad electoral han cumplido con su deber y que 22 reúnen los requisitos para percibir subvenciones.

Sólo Geroa Bai, Nós-Candidatura Galega y Unió Democrática de Catalunya no percibirán esas cuantías al no haber obtenido representación el 20D, aunque, según el tribunal, no ha quedado acreditado que hayan reintegrado el adelanto percibido.

Las formaciones políticas han declarado recursos por 57,74 millones de euros, de los que un 58,7 % procede del endeudamiento bancario, un 28 de adelantos de subvenciones, un 12,8 de aportaciones propias y el resto de aportaciones privadas.

Se han justificado gastos por un total de 55,36 millones de euros, de los que el 65,4 % corresponde a gastos ordinarios y el 34,6 % al envío de propaganda electoral.

Precisamente, el Tribunal de Cuentas considera conveniente evaluar la "eficiencia material y económica" del actual sistema para efectuar los envíos de propaganda para reducir fondos públicos.

También cree necesario adecuar los límites de gastos en publicidad exterior, así como en prensa periódica y radio a los nuevos soportes electrónicos de publicidad actualmente existentes.

El Tribunal de Cuentas señala que 45 empresas que han realizado servicios a los partidos durante la campaña no han remitido la facturación detallada por un saldo total de 3,69 millones de euros.

Sólo el PP, acumula 25 empresas que no detallaron sus facturas por un valor total de 2,84 millones de euros.

El tribunal también observa algunas deficiencias en las cuentas de Ciudadanos, donde figuran gastos por operaciones ordinarias por 387.667,12 euros, cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral con arreglo a lo establecido en la LOREG.

Ciudadanos alegó que los gastos vinculados a la sede del partido en Madrid fueron originalmente para actos de campaña y que, tras los resultados, se decidió el carácter permanente de la sede.

Sin embargo, el tribunal entiende que la mayoría de esos gastos no tienen una finalidad puramente electoral y, por ello, no han sido admitidos para ser financiados con subvenciones electorales.

Algo parecido le ha ocurrido al PP, que ha declarado 26.401 euros en gastos de restauración que, a su juicio, no tienen la condición de gastos electorales, cantidad que se reduce a los 7.575 euros en el caso del PSOE.

Respecto a Compromís, detecta gastos por operaciones ordinarias por 52.980 euros, que corresponden a remuneraciones de trabajadores que han prestado sus servicios de forma permanente para los partidos que forman la coalición y para el grupo parlamentario de Podemos y que, por lo tanto, no tienen la consideración de gasto electoral.

Asimismo se han identificado cinco proveedores del PDECat por prestación de servicios o adquisición de bienes, con una facturación de 415.066 euros, que no han informado al Tribunal de Cuentas.

En cuanto a ERC, hay 20.242 euros cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral, mientras que Bildu tampoco podrá cobrar 4.459 euros, cuyos conceptos no tienen esa consideración.

Dos formaciones, Unidad Popular-IU y Unió Democrática de Catalunya (UDC), que concurrió en solitario al romperse la coalición CiU con CDC, han cerrado la contabilidad electoral con pérdidas.

IU mantiene una deuda con proveedores de 5.984 euros cuando su salto de tesorería electoral es cero, lo que le obligará a abonar facturas pendientes con otros fondos, algo que la ley no permite.

Mucho mayor es el saldo negativo de UDC, que tuvo unos ingresos de 548.498 euros y unos gastos de 893.271 euros, lo que le lleva a mantener una deuda con proveedores de 347.363 euros.

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