El Tribunal Supremo analiza el recurso del Gobierno sobre el “brexit”

El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, inicia mañana su examen del recurso elevado por el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, contra un dictamen anterior que le obliga a consultar con el Parlamento antes de ejecutar el “brexit”.

Un número récord de once jueces analizará los argumentos de las partes interesadas entre el lunes y el jueves, si bien no se prevé que pronuncien su veredicto hasta el año próximo.

Vista la controversia que suscitó la decisión tomada el 3 de noviembre por el Tribunal Superior, cuyos jueces fueron censurados por la prensa fundamentalista del “brexit”, el Supremo recuerda en su página web que su misión es “considerar las cuestiones legales imparcialmente” y no entrará “en cuestiones políticas”.

El Gobierno estará representado por el abogado general del Estado, Jeremy Wright, que alegará que el Ejecutivo puede hacer uso de una antigua prerrogativa real para invocar unilateralmente, sin obtener autorización parlamentaria, el artículo 50 del Tratado de Lisboa -lo que daría inicio a los dos años de negociaciones con Bruselas para salir de la Unión Europea-.

El Ejecutivo sostiene que el resultado del referéndum del 23 de junio, en el que un 51,9 frente a un 48,1 % de los británicos votó por dejar la UE, le da mandato suficiente para negociar sin que la Cámara de los Comunes tenga que promulgar una ley específica al respecto, pues ya legisló para autorizar el plebiscito.

La posición favorable a que las cámaras del Parlamento, Comunes y Lores, sean consultadas estará representada por el mismo grupo de ciudadanos, encabezado por la empresaria Gina Miller, que ya presentó el caso ante el Superior.

Estos ciudadanos, que han denunciado que han recibido amenazas de muerte, arguyen que el Gobierno ha de obtener autorización del poder legislativo debido a que la salida de la UE implicará cambios en sus derechos fundamentales adquiridos.

También tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos, en todos los casos contrarios a una acción unilateral del Ejecutivo de Londres, los Gobiernos autonómicos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, así como un sindicato de trabajadores.

El representante legal del Gobierno escocés, James Wolffe, alegará que, según su interpretación de la legislación vigente, el Parlamento de Edimburgo debe legislar para autorizar la activación del artículo 50.

El abogado de Gales, Mick Antoniw, ha precisado que, si bien el Gobierno autónomo respeta el resultado del referéndum, considera que el “brexit” traerá cambios en las relaciones autonómicas y estos han de ser autorizados por el Parlamento británico “mediante una ley” concreta y con “el acuerdo de la Asamblea galesa”.

El dictamen del Tribunal Supremo, que potencialmente podría ser recurrido ante el Tribunal de Justicia europeo en Luxemburgo, puede hacer descarrilar los planes de May de activar el artículo 50 antes de finales de marzo de 2017.

No obstante, la primera ministra se ha mostrado convencida de que ganará el recurso y ha asegurado a los líderes de la UE que mantiene el calendario previsto para las negociaciones.

El Partido Laborista, primero de la oposición en el Reino Unido, ha indicado que, si finalmente hay una votación parlamentaria, no planea bloquear la activación del artículo 50, pero sí pedirá conocer la posición negociadora del Gobierno.

Sin embargo, los europeístas liberaldemócratas, que solo conservan ocho diputados pero tienen un centenar de lores y han adoptado una postura en contra del brexit para recuperar terreno político, han amenazado con boicotear los planes del Gobierno, y queda por precisar la estrategia de los independentistas escoceses, opuestos a la salida de la UE.