Turull y Rull piden archivar la causa por rebelión al no haber “alzamiento o violencia”

Los exconsellers de la Generalitat, Jordi Turull y Josep Rull, han pedido a la Sala Penal de la Audiencia Nacional el archivo de la causa por presunta rebelión, sedición y malversación, ante la falta “de cualquier atisbo de alzamiento o violencia” en el proceso independentista.

En sendos recursos de apelación presentados ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, los dos exconsellers afirman que “no concurren en los hechos que se relatan en la presente querella -de la Fiscalía- los elementos típicos exigidos por los gravísimos delitos que se imputan”.

Aseguran que “el mero dictado de leyes o resoluciones de ninguna manera puede equipararse con la realización de un alzamiento público y violento”, tal y como exige el delito de rebelión.

“Tampoco supone un alzamiento público o violento la realización de movilizaciones de protesta pacífica por parte de los ciudadanos, que sólo han pretendido expresar opiniones políticas”, prosiguen los escritos del abogado de los dos políticos del PDeCAT, Jordi Pina.

Alegan sobre la convocatoria de referéndum aprobada por el Consell Executiu el 6 de septiembre de 2017, que la convocatoria ilegal de un referéndum ya no es delito desde la reforma concretada en la Ley Orgánica 2/2005, que derogó el artículo 506 bis.

Además, los exmiembros del Gobierno catalán esgrimen que “votar a favor de una convocatoria ilegal de un referéndum nada tiene que ver con alzarse de modo público o violento, que es lo exigido para la rebelión”.

Lamentan que la Fiscalía pretenda hacer responsables a los consejeros “de cualquier acto de protesta --aun no violento-- acontecido en los últimos meses a lo largo y ancho de la geografía catalana, argumentando sin indicio alguno para sustentar semejante hipótesis que tales hechos obedecerían a un plan común orquestado por los querellados para alcanzar la independencia de Cataluña”.

Competencia

En el recurso defienden que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar el delito de rebelión y que debería trasladarse la causa a los juzgados de instrucción de Barcelona, donde ocurrieron los hechos.

Entre otros argumentos, destacan un auto de 2 de diciembre de 2008 dictado por el Pleno de la Sala Penal en el que se afirmaba que “el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional”.

Este argumento, recuerdan, valió en su día para rechazar la competencia del Juzgado Central del que era titular el juez Baltasar Garzón “para investigar el llamado 'alzamiento nacional' de 1936 -un caso consistente en un levantamiento armado en toda España que diolugar a una larga Guerra Civil-”.

En caso de desestimarse esta petición, pide que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque a su juicio se ve afectado el derecho fundamental a un juez independiente e imparcial.

Fianza de 6,2 millones

En un tercer escrito, presentado ante Lamela, Turull y Rull piden dejar sin efecto la fianza acordada de 6,2 millones de euros por su “absoluta improcedencia”, recordando que el propio Tribunal Supremo, que investiga a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a la Mesa del Parlament, ha denegado esta medida cautelar por falta de base probatoria.

Recuerdan que la querella presentada ante la Audiencia y la presentada ante el Tribunal Supremo “son idénticas en lo sustancial y por ello carentes ambas de argumentación mínima para sustentar tan grave medida peticionada”.

“No sería lógico que el Tribunal Supremo a unos no les aplicara medida real alguna y en cambio este Juzgado persistiera en su primigenia decisión, pues se estaría conculcando el principio de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley”, defienden.