La UDEF vincula al marido de Cospedal con la red de los Pujol en África dentro de una trama que desvió 92 millones
La Unidad de Delincuencia Económica y fiscal de la Policía (UDEF) involucra en un informe firmado el pasado 5 de mayo al marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, con una red de intermediación y cobro de comisiones en África donde también estaría presente el clan de los Pujol.
A lo largo de 71 páginas los investigadores escudriñan los contratos de una madeja de sociedades que presuntamente habrían desviado 92 millones de dólares en dinero público español y apuntan a que parte de esos fondos se destinaron al pago de comisiones a funcionarios y autoridades de terceros países para que adjudicasen las infraestructuras a empresas españolas.
Las sociedades vinculadas a López del Hierro y a los Pujol habrían servido para cobrar o pagar comisiones para la licitación de obra pública en países en vías de desarrollo. Este informe de la policía abunda en la trama de Mercasa, la empresa pública investigada en la Audiencia Nacional, a través de la Operación Lezo, y que a su vez está conectada con el caso Defex, sociedad estatal de armamento que el Gobierno ha decidido liquidar carcomida por la corrupción.
Fuentes cercanas a Ignacio López del Hierro desmienten tajantemente cualquier tipo de relación con la familia Pujol, ni en Africa ni en ningún otro sitio
El método que describe el informe de la UDEF incorporado al caso Pujol es muy similar al que utilizaban los investigados en las públicas Mercasa y el Canal de Isabel II. De hecho, entre los caídos en Mercasa está el hermano del expresidente madrileño Ignacio González, Pablo, que sigue en prisión provisional acusado de inflar los contratos internacionales para desviar fondos de la entidad pública y pagar mordidas en tres continentes distintos.
El informe policial presta especial atención a Cesce, el Consorcio Español de Seguro de Crédito a la Exportación, una institución avalada por el Estado para financiar inversiones en el extranjero. Tal y como ya relató este diario, CESCE había avalado las operaciones de Mercasa en Angola. eldiario.es se puso en contacto con CESCE para que aclarara los créditos del Estado a estas actividades que ahora investiga la Audiencia Nacional y la entidad asegura que no tendrán “quebranto para las arcas públicas”. La red se apoyaba además en otras ayudas públicas, tanto nacionales como internacionales, de cooperación al desarrollo para financiar sus operaciones, maximizando aún más el beneficio de estos pelotazos.
El informe de la UDEF cita también al exministro conservador de Trabajo, Manuel Pimentel, al referirse a CESCE. Pimentel es socio en Globaltec, una sociedad que también aparece como contratista en diversos proyectos en países en desarrollo. Se da el caso de que su socio en esta empresa es Javier Valero, es consejero delegado de CESCE y al que ya se vinculó con operaciones sospechosas de la entidad pública en República Dominicana.
En otro párrafo del informe se cita al exministro de Trabajo del primer Gobierno de Aznar como directivo de una sociedad patrimonial, Almuzara 49 Estudios SL, a la que “iría desviándose el reparto de comisiones”.
La UDEF otorga un papel relevante a Valero, que tras abandonar este organismo ocupó puestos directivos en dos empresas -Ibadesa Exportaciones y Servicios y Globaltec Desarrollos e Ingeniería- que recibieron créditos muy voluminosos de Cesce para realizar proyectos en Angola y República Dominicana, “que terminaron causando un serio quebranto en las arcas del estado español cuantificado en 92 millones de dólares”.
La unidad de inteligencia financiera de la Policía Nacional “infiere que la modalidad de negocio comprometida, exigía como ineludible la intervención positiva de Cesce, cuya adherimiento a la causa se conseguiría a través de dos sociedades que tienen en su denominación comercial la palabra Ibadesa; Ibadesa Exportaciones y Servicios SA, que presenta entre sus órganos sociales a José Joaquín Herrero Aleixandre, como consejero y a José Herrero Egaña López de Hierro”. Este último es a su vez sobrino de Ignacio López del Hierro (marido de Cospedal).
El informe desgrana una larga lista de empresas que habrían tupido esa red para cobrar “cuantiosas comisiones” que en muchos casos fueron a parar a las autoridades de países en vías de desarrollo. Y subraya que los hechos investigados presentan síntomas de ser “las mismas tipologías delictivas, utilizando metodológicamente hablando, caminos iguales o similares, pero no significaría que todas las personas físicas involucradas actúen bajo una única unidad de acción”. La tesis de los investigadores es que todas “se aprovechan puntualmente de las estructuras como Cesce y Mercasa, para la comisión de los ilícitos que se analizan”.
En el listado figura la sociedad Ibadesa Cat SL, donde, según el informe policial “habrían estado representados los intereses de Jordi Pujol Ferrusola [el primogénito de la familia Pujol] Ignacio Javier Lopez de Hierro [marido de Cospedal], José Joaquín Herrero Aleixandre, Jordi Puig Godés (hermano del exconsejero de empleo de la Generalitat, Félix Puig Godés.]
