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UPyD insta al CGPJ a elaborar un informe sobre cómo reducir o eliminar el número de aforamientos judiciales

Insiste en la necesidad de acabar con la politización de los órganos judiciales y de aumentar su transparencia y democratización

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UPyD insta al CGPJ a elaborar un informe sobre cómo reducir o eliminar el número de aforamientos judiciales

El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elabore un informe en el que se sugieran diferentes modos de reducir o eliminar los aforamientos en el ámbito judicial.

Así lo recoge en una de las propuestas de resolución que la formación magenta ha presentado a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del órgano de gobierno de los jueces correspondiente al año 2013, que junto con la presenten otros grupos parlamentarios se votarán en el próximo Pleno del Congreso.

La líder de UPyD, Rosa Díez, planteó este jueves en el debate sobre regeneración democrática que se celebró en la Cámara Baja la necesidad de acabar con los aforamientos políticos, es decir, los de diputados, senadores y miembros del Gobierno, retando al presidente Mariano Rajoy a promover una reforma exprés de la Constitución para acabar con lo que considera un "privilegio". Pero también defendió la conveniencia de hacer lo propio con los aforamientos judiciales.

EL GOBIERNO NO 'TOCA' LOS AFORAMIENTOS

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo obvió el 'órdago' de Díez, entre otras cosas porque ninguna de las medidas anunciadas este jueves incluye la posibilidad de 'tocar' este asunto, aunque sí está dispuesto a escuchar las propuestas que sobre el mismo le realice la oposición.

Además de los aforamientos, el partido que lidera Rosa Díez insiste en sus propuestas al CGPJ en la necesidad de que el Congreso apoye "decididamente" la necesidad independencia de este órgano, en la medida en que una justicia independiente, como ya apuntó también este jueves en su alocución ante la Cámara, es "la única forma" de poder combatir la corrupción política.

Para ello exige un cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial para que doce de sus veinte miembros sean elegidos entre y por jueces y magistrados de todas las categorías y que los ocho restantes, que habrán que designar las Cortes Generales, no respondan a un sistema de reparto de cuotas.

MÁS TRANSPARENCIA

En esta línea, los magenta emplazan al CGPJ a colaborar para extender la independencia a otros órganos jurisdiccionales del Estado, entre ellos el Tribunal Constitucional, para acabar con "la intolerable politización" del mismo, y a promover la democratización de la justicia a todos los órganos de gobierno de la judicatura, incluyendo las presidencias de los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales.

Además, UPyD quiere que el CGPJ incremente la transparencia y objetividad en el nombramiento de cargos, coordine todos los sistemas y aplicaciones informáticas de las distintas comunidades autónomas y especifique el coste de la Administración de Justicia en su totalidad.

También quiere que el órgano de gobierno de los jueces fortalezca el principio de responsabilidad de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, "intensificando el control disciplinario", adopte medidas para evitar los conflictos de interés en la labor jurisdiccional y dé transparencia a la ejecución de su presupuesto, publicando las retribuciones, los gastos de representación y otros beneficios y derechos de los que disfruten sus miembros.

Y MÁS MEDIOS

Asimismo, UPyD insta al CGPJ a dotar de más medios a la Audiencia Nacional para agilizar la instrucción de las macrocausas de corrupción, a favorecer la conciliación familiar y la movilidad territorial de los trabajadores judiciales y adopte medidas para proteger y a garantizar los derechos de los menores incursos en procesos judiciales.

Por último, la formación magenta insiste en la necesidad de que el Consejo del Poder Judicial respalde la supresión de las vigentes tasas judiciales por "perjudicar" el derecho a la tutela judicial efectiva evaluando el impacto de su implantación y trasladando al Gobierno los resultados de ese análisis. El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a revisar esa cuestionada ley.

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