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UPyD pide en el Congreso la ilegalización de Bildu por fichar como concejales a personas vinculadas a Batasuna y ETA

El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una nueva iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a iniciar los trámites para ilegalizar a la coalición abertzale Bildu, a la que acusa de estar incurriendo en un fraude de ley al fichar como concejales en ayuntamientos el País Vasco y Navarra a personas vinculadas a Batasuna y ETA que no se presentaron a las elecciones.

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UPyD pide en el Congreso la ilegalización de Bildu por fichar como concejales a personas vinculadas a Batasuna y ETA

En la exposición de motivos de la iniciativa que ha registrado para su debate en la Comisión de Interior y que recoge Europa Press, UPyD dice tener constancia de que desde las municipales de mayo de 2011, Bildu ha conseguido nombrar como ediles en 19 consistorios de Euskadi y Navarra a 24 concejales "que no figuraban en sus listas".

Lo que está haciendo la coalición, según avisa UPyD, es sustituir a los candidatos "limpios" que habían pasado el filtro legal de las candidaturas "por otros de su plena confianza". El proceso de produce de la siguiente manera: un concejal electo renuncia, ninguno de los siguientes en la lista electoral le sustituye y, acogiéndose al artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), Bildu elige para esos puestos a afines que no han pasado por las urnas.

Según la formación magenta, de estos nuevos ediles, "al menos un tercio tuvieron una vinculación directa con la extinta Batasuna", bien porque en 2007 fueron en listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y agrupaciones independientes ilegalizadas por el Supremo o porque anteriormente fueron concejales de Euskal Herritarrok o Herri Batasuna.

FRAUDE DE LEY

El partido que lidera Rosa Díez sostiene que en varios casos, los nuevos ediles han pasado a asumir tareas de gestión en las entidades locales. "Esta maniobra constituye un claro fraude de Ley, y posibilitaría por si misma el inicio de un nuevo proceso de ilegalización", mantiene UPyD.

Por eso quiere que el Congreso dé tres meses al Gobierno para reformar la LOREG con el fin de evitar que Bildu siga utilizando a su favor el artículo que le permite nombrar concejales a personas que no iban en la listas.

También persigue que la Cámara emplace al Ejecutivo a iniciar el procedimiento para ilegalizar a la coalición, a la vista de que "los hechos sobrevenidos posteriores a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de mayo de 2011" que avaló sus candidaturas, "aportan nuevas pruebas sobre la instrumentalización del citado proyecto políticos por el entramado de ETA/Batasuna y su puesta al servicio de los partidos políticos previamente disueltos por su vinculación con la citada organización terrorista ETA".

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