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UPyD plantea reformar la Constitución para fijar un único sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad

El grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso instando al Gobierno a promover una reforma de la Constitución para fijar un único sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad entre las distintas comunidades y corrija así los "defectos" tanto del régimen común como del sistema foral.

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UPyD plantea reformar la Constitución para fijar un único sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad

La formación magenta lleva reclamando desde su nacimiento un nuevo modelo de financiación autonómica, una demanda para que, a su juicio, no se puede subsanar con una reforma del actual sistema, sino con un cambio constitucional que determinar el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

UN MODELO ESTABLE Y SOSTENIBLE ECONÓMICAMENTE

Según argumentan desde UPyD, una reforma del sistema de financiación por sí misma no resolvería "este grave problema de fondo" y, además, estaría expuesta "a una permanente inestabilidad y continuos cambios", tal y como consideran que ha ocurrido hasta ahora. El fin último de la formación es dotarse de un "modelo territorial gobernable, estable y sostenible económicamente".

En su iniciativa, la formación magenta propone en concreto que el Ejecutivo camine hacia un único modelo de financiación porque, a su juicio, la existencia de dos sistemas de financiación es "contraria al espíritu constitucional y al principio de igualdad", dado que supone "un privilegio económico".

"Y para evitar pérdidas repentinas de recursos" en las comunidades con sistemas de financiación propios, País Vasco y Navarra, el partido que lidera Rosa Díez propone "periodos transitorios" que les permitan adaptarse.

NO A LAS NEGOCIACIONES BILATERALES

Según el texto, lo que busca UPyD es "asegurar que todas las comunidades disponen de los recursos necesarios para ofrecer servicios similares a sus ciudadanos" y garantizar así el principio constitucional de igualdad.

Además, el partido advierte de que "la reforma del sistema no se podrá lograr mediante negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas". "La reforma deberá realizarse bajo la dirección y coordinación estatal", defiende el partido magenta, quien aboga además por simplificar "radicalmente" el nuevo modelo, hacerlo "más transparente" y no incorporar al mismo "nuevas cesiones" a las comunidades.

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