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UPyD censura que el Gobierno dé “una válvula de escape” a Mas sugiriendo que entes privados organicen el 9N

UPyD censura que el Gobierno dé "una válvula de escape" a Mas sugiriendo que entes privados organicen el 9N

EUROPA PRESS

MADRID —

“Yo es que alucino”, ha reconocido Rosa Díez tras conocer las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dejando abierta la posibilidad de que “entidades privadas” decidan hacer “otra consulta”.

También el ministro de Justicia, Rafael Catalá, puntualizó que la decisión del Tribunal Constitucional afecta a aquellas actuaciones que estaba realizando la Generalitat en apoyo a la consulta. “Eso es lo que seguro no va a poder llevarse a cabo”, respondió preguntado por la posibilidad de que hubiera urnas en la calle el 9N.

Para Rosa Díez, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que la consulta convocada para el domingo no puede realizarse porque era continuación de la suspendida anteriormente y cree que “la única manera” de que se transformase en algo “no tutelado” por la Generalitat sería que ésta no cediera la utilización de colegios e institutos, los funcionarios no colaboraran en su celebración, se suspendiera toda campaña institucional y publicidad y se clausurara la página web.

“Si todo eso ocurriera y no autorizara determinadas cosas se podría llegar a la conclusión de que el Gobierno no tuviera responsabilidad”, ha insistido ironizando sobre la posibilidad de tener que actuar legalmente también contra el ministro del Interior.

EL TC YA HA HECHO LO QUE TENÍA QUE HACER

UPyD denunció a Artur Mas y toda la Mesa del Parlamento de Cataluña ante el Tribunal Supremo que, a su juicio, debería pronunciarse antes del próximo domingo. “El tribunal Constitucional ya ha hecho lo que tenía que hacer y no puede ir más allá --ha reconocido el abogado de UPyD Andrés Herzog--. Ahora hace falta que actúe la vía penal y el Tribunal Supremo se pronuncie antes del 9N”.

Rosa Díez ha recordado además que UPyD ha pedido al Gobierno que investigue las subvenciones que se otorgan la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que está recibiendo dinero público “de todos los españoles para financiar actuaciones ilegales”.

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