UPyD traslada al Tribunal de Cuentas y a Fiscalía la propuesta de dictamen del 'caso Villa'

Prendes propuso un dictamen para que fuese aprobado por el resto de la comisión. Sin embargo, sólo encontró el apoyo de Foro y fue rechazado. Sin embargo, como portavoz del grupo mixto, ha decidido dar traslado del mismo a esas instituciones para que puedan aprovechar toda la documentación y testimonios recogidos.

La comisión de investigación se creó a raíz de una información del diario El País publicada en octubre de 2014 en la que se afirmaba que Villa estaba siendo investigado por haber ocultado a Hacienda 1,5 millones de euros. Villa, que fue un referente del movimiento sindical minero, también había formado parte del comité ejecutivo del PSOE y de la ejecutiva regional de la FSA-PSOE, además de ser diputado regional.

El sindicalista fue expulsado del PSOE y de UGT al conocerse la noticia, al igual que el presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo. Ni uno ni otro han dado aún explicaciones. Por la comisión, que ha manejado una amplia documentación, han pasado en los últimos meses casi 70 comparecientes. Villa no lo hizo por razones médicos mientras que su familia se negó a declarar.

En una rueda de prensa ofrecida en la Junta General del Principado de Asturias, Prendes ha dicho que el proceso de exigencias de responsabilidades “tiene que continuar fuera del ámbito político”. A su juicio, existen indicios que pueden suponer actividades delictivas. Al Tribunal de Cuentas le solicitan una auditoría sobre los planes de la minería.

A la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Prendes ha remitido la propuesta del dictamen y el expediente concreto del geriátrico de Felechosa, en Aller, una obra que fue realizada de una forma singular, ya que fueron 30 los millones los que obtuvo una entidad privada, el Montepío de la Minería. Para ello hubo incluso que modificar la normativa.

“Lo que vamos a trasladar no son opiniones de este diputado, son documentos objetivos”, ha señalado. En este sentido ha explicado que un interventor que fue a comparecer habló de la existencia de un informe que cuestiona la legalidad del proceso.

Prendes también ha criticado al Gobierno regional por pretender ahora “desmarcarse” de las decisiones que se tomaron en relación al geriátrico. Sin la firma del Gobierno regional, afirma Prendes, no hubiera sido posible. El diputado de UPyD ha señalado que hay una “sucesión de hechos y fechas”, que van desde las cantidades de dinero público recibidas por Montepío a partir de 2009, 2010 y 2011 y la presunta regularización fiscal que se habría producido en 2012.

Además, ha vuelto a criticar al Gobierno de España por no remitir información que había requerido la comisión, así como al sindicato SOMA-Fitag-UGT, por el mismo motivo.