UPyD pide desclasificar ya 10.000 documentos secretos del régimen franquista

UPyD ha reclamado al Gobierno que desclasifique ya los cerca de 10.000 documentos secretos de entre 1936 y 1968, algunos de ellos sobre los campos de concentración franquistas, que el Ejecutivo socialista se comprometió a sacar a luz porque no suponían ya ningún peligro para la seguridad nacional.

En mayo del año pasado, el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, rechazó desclasificar esos documentos al considerar que no es “una prioridad” de su departamento y porque requiere un “extraordinario trabajo” que sólo contribuiría a generar “ruido mediático”.

Según la líder de UPyD, Rosa Díez, estos documentos de Defensa contienen información sobre los campos de concentración y batallones de trabajo creados durante la dictadura en los primeros años de la posguerra, la política del Protectorado español en Marruecos o proyectos para la construcción de armamento anteriores a 1968.

También detallan la organización de unidades militares durante la Guerra Civil, operaciones en Sidi Ifni, o las dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial que recalaban en puertos españoles.

Ese catálogo incluye asimismo informaciones de los tres ejércitos -Aire, Tierra y Armada-, y probablemente datos de expedientes sobre desertores y desterrados y la actividad de la censura y del espionaje español en esa etapa.

Sin embargo, como denuncia Díez en una pregunta al Gobierno a la que ha tenido acceso Efe, las elecciones generales de noviembre de 2011 detuvieron el proceso de desclasificación de estos documentos a pesar de que según fuentes del Ministerio de Defensa “el trabajo interno se dejó hecho”.

Para UPyD, la Ley sobre Secretos Oficiales tiene ya más de cuarenta años y no recoge avances en materia de desclasificación de documentos que sí se han llevado a cabo en otros países de nuestro entorno.

La norma vigente -añade- establece que un documento clasificado de secreto es perpetuo salvo que se ordene desclasificar por el Gobierno.

“Los historiadores, sobre todo los especializados en Historia Contemporánea, llevan exigiendo la modificación de dicha norma, ya que su aplicación les supone la constricción de su campo de actuación, ya que muchas de sus búsquedas de información chocan frontalmente con la clasificación del secreto oficial”, denuncia.

Por ello, Rosa Díez ha reclamado al Gobierno que aclare si cree necesario modificar la Ley de Secretos Oficiales, si piensa desclasificar estos 10.000 documentos y, en caso negativo, cuáles son los criterios para negar su publicación.