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UPyD equipara el coste de la vía de peaje fallida al de contratar a 2.000 maestros

Ramón Marcos se marca como objetivo que UPyD sea decisivo el 24M

EFE

Madrid —

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El candidato de UPyD a la Comunidad de Madrid, Ramón Marcos, ha dicho en la presentación de un libro de su partido sobre el 'El coste del mal gobierno' en España, que los 70 millones que invirtió la Comunidad en la fallida carretera de peaje MP-203 valdría para contratar a más de 2.000 profesores.

“Este es solo uno de los muchos ejemplos del mal uso de los recursos públicos” en la región, que Marcos ha incluido en el estudio de UPyD sobre el despilfarro en “proyectos innecesarios, fallidos, duplicados o mal diseñados”, que en toda España han costado 12.538 millones de euros en los últimos cinco años.

El caso de esta carretera es ilustrativo, según Marcos, porque ni siquiera se llegó a abrir: con el 70% construido se cerró la obra ante la falta de conexión con la R3 y el excesivo coste de pasar las vías del AVE, “problemas que se conocían cuando se inició la obra”, y la constructora va a reclamar el pago de lo invertido a la Comunidad.

Según el estudio, que presentaron Marcos y el portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, el coste total del “mal gobierno” en España entre 2009 y 2013 fue de 400.000 millones de euros, el 40% del PIB, por las duplicidades, derroches de una gestión ineficaz y la corrupción.

En la Comunidad de Madrid, el coste de la decisión “electoralista” de construir ocho hospitales durante el gobierno de Esperanza Aguirre “ha puesto en riesgo la salud de los madrileños” y la sostenibilidad de la sanidad regional, según Marcos.

De ahí que en su programa autonómico Marcos defienda la “profesionalización” de las administraciones públicas, para que sean eficientes y capaces de “fijar estrategias a medio y largo plazo”, y que los directivos se seleccionen “por mérito y capacidad, y no por amiguismo”.

También pide recortar los asesores externos y la “administración paralela”; que los consejeros sean evaluados por cumplimiento de objetivos cada dos años, y que se haga un registro de lobbys y grupos de presión.

“Necesitamos gobiernos decentes, sin un solo enchufado”, ha dicho Marcos, para quien los ciudadanos tienen “derecho al buen gobierno”, y pide que se pueda “inhabilitar para ir en listas electorales no solo a los imputados” en casos de corrupción sino también a quienes hayan “malgastado” fondos públicos.

Según el estudio de UPyD, las tres administraciones -central, autonómica y municipal- han malgastado también 83.225,5 millones en medidas “improvisadas” y que no han servido para nada, como el Plan E del gobierno de Rodríguez Zapatero.

Se trata de cantidades enormes que se van por el “desagüe”, ha advertido Gorriarán, para quien España está pagando un “altísimo coste” por la mala gestión de las administraciones.

Marcos cree que habría que reducir a cuatro los asesores del presidente del Gobierno; presidentes de comunidades (tres asesores), ministros (dos), alcaldes de más de medio millón de habitantes (tres) y de más de 250.000 (dos asesores).

La fusión de municipios pequeños, la supresión de las diputaciones y la simplificación normativa son otras iniciativas que Marcos considera necesarias para atajar el sobrecoste de la administración.

El candidato madrileño, miembro también de la dirección nacional de UPyD, ha lamentado que durante la crisis los gobiernos no hayan hecho ni una sola reforma administrativa y se hayan limitado al “recorte puro y duro”.

Según UPyD, las tres administraciones -central, autonómica y municipal- han malgastado también 83.225,5 millones en medidas “improvisadas” que no han servido para nada, como el Plan E del presidente Rodríguez Zapatero.

Marcos también ha citado como gasto innecesario el Centro internacional de Convenciones y Congresos, cuya construcción está paralizada tras gastar 191 millones.

Solo en 2011, según Marcos, la Comunidad de Madrid tuvo que pagar 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial al ser estimadas 81 reclamaciones por mala gestión de los servicios públicos.

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