UPyD pregunta a Rajoy si puede asegurar que el auto sobre Acebes es falso

UPyD quiere que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explique la imputación del exsecretario general del PP Ángel Acebes por el caso Bárcenas y le pregunta si está en condiciones de asegurar que es falso el auto judicial que le acusa de haber utilizado la supuesta caja B del partido.

La formación de Rosa Díez cree que Rajoy no pueda dar el silencio por respuesta y debe explicar, según una iniciativa parlamentaria a la que ha tenido acceso Efe, si aún sostiene que en su partido no hay una contabilidad paralela, como hizo el 1 de agosto de 2013 en una comparecencia monográfica sobre el caso Bárcenas.

Recuerda en el texto que el juez Pablo Ruz, en su auto de imputación de Acebes, da por hecho que en el PP funcionaba una contabilidad opaca, “y va más allá” al señalar que el antiguo “número dos” del partido y también exministro conocía o debiera haber conocido su existencia.

Unos hechos que “contrastan” -afirma UPyD- con lo que dijo Rajoy en aquella comparecencia de agosto, en la que aseguró que en el PP “ni se ha llevado una doble contabilidad ni oculta ningún delito”.

También pide al jefe del Ejecutivo que aclare si conocía que diferentes empresarios “acudían a la calle Génova” a realizar donaciones económicas y que además éstas eran fraccionadas “para evitar el control de legalidad”.

Y además, si dio el “visto bueno” a esas donaciones y a los gastos del PP con base a esas cantidades anotadas por el tesorero en aquella época, que era Luis Bárcenas.

Según el auto que UPyD cita en el escrito de estas preguntas parlamentarias que plantea, existen indicios razonables para pensar que Acebes, que fue secretario general del PP entre octubre de 2004 y junio de 2008, autorizó el uso de 446.300 euros de la caja B para comprar acciones de Libertad Digital.

Un dinero que procedía de donaciones realizadas por personas vinculadas al sector de la construcción y en su mayoría adjudicatarias de contratos públicos.

Estas aportaciones -añade- se ingresaban en efectivo y fraccionado para no superar los 60.000 euros establecidos entonces por la ley como límite máximo anual de una donación privada.