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UPyD denuncia al juzgado presuntas irregularidades en la cesión de terrenos de Arganda (Madrid)

UPyD ha puesto en conocimiento de la Justicia presuntas irregularidades en la cesión de unos terrenos en el municipio de Arganda del Rey (Madrid), incluidos en la investigación judicial de la trama Gürtel, según ha informado la formación magenta a través de un comunicado.

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En concreto, UPyD ha denunciado que en abril de 2004 el Ayuntamiento de Arganda cedió una parcela la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) "de forma gratuita, sin contar con la preceptiva autorización de la Comunidad de Madrid y sin condicionar la cesión al uso para fin público".

Posteriormente, en noviembre de 2004, la EMV vendió los terrenos a la promotora Martinsa-Fadesa por 77 millones de euros, una cifra mayor que todo el presupuesto de Arganda para ese año, según la formación magenta.

Finalmente, en el año 2006 y tras un cambio en el Plan Parcial por unanimidad del Pleno, la promotora vendió un tercio de los terrenos por 73 millones de euros, de modo que casi se triplicó su valor, ha relatado UPyD.

Para el candidato de UPyD a la presidencia de la Comunidad y portavoz adjunto de la formación magenta en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, "la Comunidad Autónoma consintió la expropiación del patrimonio de Arganda en beneficio de Martinsa-Fadesa y en contra de los ciudadanos", lo que, a su juicio, "es una muestra más de presuntas irregularidades y mala gestión del Gobierno del PP que están soportando los madrileños".

Según han indicado desde la formación, UPyD ha pedido información y documentación sobre los expedientes obrantes en la Consejería de Presidencia, y el Gobierno regional ha respondido que no tiene conocimiento del citado expediente y que no existe tal autorización previa.

Sin embargo, la formación magenta ha cuestionado la respuesta del Ejecutivo al recordar que la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre afirmó conocer la cesión de dicha parcela tras una reunión en Génova 13, que tuvo lugar en el año 2004, cuando Francisco Granados llegó a la Consejería de Presidencia, departamento responsable de emitir las correspondientes autorizaciones previas y controlar de este modo el patrimonio del suelo de los Ayuntamientos de la región.

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