Ucrania aprueba una ley para liberar el Donbáss de la “ocupación rusa”

Ucrania aprobó hoy una ley en la que expuso su hoja de ruta para recuperar las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, documento en el que tacha a Rusia de Estado “agresor” y lo acusa de ocupar dichos territorios por la fuerza.

“Seguiremos allanando por la vía política y diplomática el camino para la reintegración de las tierras ucranianas ocupadas”, declaró hoy el presidente ucraniano, Petró Poroshenko, quien llevó al Parlamento la iniciativa.

El documento -aprobado con 280 votos a favor- plasma la postura de Kiev según la cual Rusia “inició, organizó y apoyó actividades terroristas” en Ucrania, llevó a cabo una agresión armada contra el país y ocupa temporalmente parte de su territorio utilizando unidades de las Fuerzas Armadas rusas.

Así, establece como objetivo la liberación del Donbáss (como se conoce en conjunto a Donetsk y Lugansk) de la “ocupación rusa”, así como el restablecimiento del orden constitucional, la integridad territorial y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos ucranianos que residen en esa región.

La ley fue rechazada de inmediato por el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexandr Zajárchenko, quien consideró que ésta “viola los Acuerdos de Paz de Minsk” y provocará una escalada del conflicto armado.

“Esta ley permitirá desatar las manos al Ejército ucraniano. Todo lo que no pudieron hacer antes, serán capaces de hacerlo ahora, porque estarán legitimados. Ucrania quiere la guerra y ha creado una plataforma legal para ello”, aseguró.

El texto apunta que las tropas ucranianas mantendrán sus posiciones en la frontera que separa los territorios no controlados por el Gobierno del resto del país -cruzada a diario por unas 30.000 personas que residen en la zona de conflicto- y actuarán cuando sea necesario para “contrarrestar la agresión armada”.

Para ello, los Ministerios de Defensa y del Interior crearán una hoja de ruta con el fin de lograr el “completo” repliegue de las fuerzas rusas, si bien la decisión sobre las medidas a tomar recaerá sobre Poroshenko.

La ley prescribe la creación de una Sede Operativa Conjunta de las Fuerzas Armadas de Ucrania para dirigir la denominada operación antiterrorista y garantizar la seguridad nacional, todo ello sin mencionar los Acuerdos de Paz de Minsk de febrero de 2015, que Kiev admite, aunque considera inviables por culpa de Moscú.

El mando del Ejército en la zona de conflicto tendrá derecho a restringir la entrada de ciertas personas o vehículos en los territorios ocupados, verificar la documentación de civiles y funcionarios, así como al uso de la fuerza contra “aquellos que violan la ley o intentan ingresar ilegalmente en zonas de combate”.

El texto recuerda que la actividad de las milicias separatistas prorrusas en territorio ucraniano contradice el derecho internacional humanitario, por lo que todos los actos derivados de la “administración local rusa” no tienen validez ni generan derechos.

De este modo, declara ilegal el establecimiento de cualquier tipo de autonomía, así como la circulación del rublo ruso, la expedición de pasaportes y matrículas rusas, si bien reconocerá de forma excepcional la documentación relativa al nacimiento y la muerte de personas emitida en dichos territorios.

En este sentido, señala que “toda responsabilidad sobre el daño moral y material” que sufran los civiles en la zona de conflicto recae completamente sobre Rusia, y cualquier persona que colabore con las formaciones separatistas será responsable penalmente.

Además, prevé utilizar los “mecanismos de cooperación internacional” para demandar a Rusia en los tribunales internacionales y mantener y fortalecer las sanciones contra ese país.

El político ucraniano Víctor Medvedchuk, quien propuso el mayor canje de prisioneros de guerra organizado por ambos bandos a finales del pasado año y que tiene lazos con el Kremlin, aseguró que la ley “pone la puntilla a cualquier intento de arreglo pacífico”.

Y agregó que la ley demuestra a las claras que Kiev no quiere cumplir con los compromisos adquiridos en Minsk, condena a muchos soldados ucranianos a la muerte en la línea de separación y hace imposible el retorno del Donbáss al redil ucraniano.

Las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, actualmente bajo control parcial de milicias prorrusas, declararon en 2014 su independencia de Ucrania tras la celebración de sendas consultas de autodeterminación que no fueron reconocidas por elñ Gobierno de Kiev ni por la comunidad internacional.

Esto llevó a una interminable guerra entre el Ejército y los separatistas, que en los casi cuatro años de conflicto se ha cobrado la vida de más de 10.000 personas, entre militares y civiles.

Por Khrystyna Kinson