Urkullu pide a ETA su desarme “incondicional” y propone al Gobierno central facilitar la reinserción de sus presos

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado a ETA que inicie “un proceso de desarme y desaparición definitivo e incondicional”, una exigencia que ha acompañado con el anuncio de que el Gobierno vasco trasladará al próximo Ejecutivo central un propuesta para “recuperar la normalidad penal y penitenciaria”, con el fin de facilitar la reinserción de los presos de la banda.

Urkullu, que ha planteado estas reflexiones en el pleno de política general que celebra este jueves el Parlamento vasco, ha destacado que el “extremo debilitamiento” de ETA, cuyos dos presuntos jefes políticos han sido detenidos esta semana, “es un hecho positivo”.

El lehendakari ha insistido en la necesidad de que la organización terrorista inicie “un proceso de desarme y desaparición definitivo”, que además tenga un carácter “irreversible, incondicional, total y verificable”.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno vasco ya planteó el año pasado una propuesta para facilitar un final “ordenado” de ETA, un proyecto que contemplaba la consecución de un desarme “rápido” de la banda mediante la participación de un 'comité' formado por representantes sociales, internacionales e institucionales.

Urkullu ha afirmado que es necesario avanzar por esa vía “con total discreción, cumpliendo los compromisos” y sin caer en “intereses partidistas”. “El Gobierno vaco seguirá exigiendo a ETA un proceso de desarme y desaparición definitivo”, ha insistido.

Junto a esta exigencia a la banda, el lehendakari ha reiterado su intención de proponer un cambio en la política penitenciaria y el régimen penal que se aplica a los presos de la organización terrorista.

PRINCIPIOS LEGALES Y HUMANITARIOS

En una línea similar al anuncio efectuado antes del verano en relación a este tema, ha informado de que presentará al nuevo Gobierno central que salga de las elecciones generales de diciembre una propuesta “para recuperar, desde principios legales y humanitarios, el estado de normalidad penal y penitenciario”.

El objetivo es orientar el sistema a la “reinserción y la convivencia”, de acuerdo a los documentos 'Zuzen Bidean' e 'Hitzeman' del Gobierno autonómico, que contemplan medidas para fomentar la reinserción de los reclusos de la banda.

El presidente del Gobierno vasco se ha mostrado convencido de que la sociedad “espera que contribuyamos cuanto antes, y del mejor modo posible, al final definitivo de la violencia y un principio renovador de la convivencia”.

El lehendakari ha subrayado que “a día de hoy sigue siendo necesario el final definitivo de ETA”. Dicho final, según ha dicho, debe “garantizar de forma segura su desarme total y su desaparición completa”.

“La sociedad vasca exige a ETA que se disuelva y exige también el reconocimiento del daño injusto causado”, ha añadido. Urkullu ha explicado que esto es “algo tan sencillo como decir que matar estuvo mal, que atentar contra los derechos humanos de las personas estuvo mal”.

En materia de paz y convivencia, ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico por fomentar el “encuentro social”, un objetivo que requiere de “propuestas concretas” que busquen el consenso “en todas las direcciones institucionales y políticas”.

“BLOQUEO”

“No vamos a permanecer parados; vamos a tomar la iniciativa y asumir riesgos para promover el desbloqueo”. El “bloqueo”, a su juicio, afecta a tres ámbitos: el desarme de la banda, los presos y la reflexión “crítica” respecto al pasado.

También ha reconocido que las diferencias de los partidos y la parálisis de la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento autonómico -que lleva más de un año inactiva- no han “ayudado” a avanzar hacia la consolidación de la convivencia y han “neutralizado” la posibilidad de lograr “acuerdos políticos transversales”.

Por otra parte, ha afirmado que su gobierno seguirá desarrollando sus políticas de víctimas, a través de proyectos como el 'Compromiso Batera', con el que se pretende que los damnificados por el terrorismo “miren también al futuro y se promueva la unión entre víctimas y sociedad”.

“VETO” A LOS PRESOS

Otro de los mensajes del lehendakari ha estado dirigido a la izquierda 'abertzale'. Urkullu ha reclamado “a quien corresponda” de la antigua Batasuna “que levante el veto colectivo que impide a los presos optar a los beneficios penitenciarios individuales y transitar por las vías legales de reinserción y resocialización”.

El Ejecutivo autonómico seguirá “promoviendo una pedagogía de la autocrítica en derechos humanos como modelo de gestión política y constructiva del pasado”. La puesta en marcha del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos será uno de los “ejes” de la acción del Ejecutivo en el final de la legislatura.

ACUERDO DE CONVIVENCIA

Urkullu ha informado de que la propuesta sobre una ley de reparación para “víctimas de vulneraciones de derechos humanos no reconocidas” se presentará este otoño, con el objetivo de lograr un “consenso” en torno a este asunto. Esta ley, anunciada hace meses por el Gobierno vasco, incluye entre sus destinatarios a las víctimas de abusos policiales cometidos en el contexto de la lucha contra ETA.

Además, después de las elecciones generales de diciembre, el Ejecutivo presentará una propuesta para un “acuerdo base” para la convivencia. Esta propuesta se basará en el llamado 'suelo ético', un compromiso contra el terrorismo y en materia de derechos humanos aprobado por el Parlamento autonómico. El objetivo de este documento es funcionar como una herramienta “para crear un espacio compartido en materia de convivencia a medio plazo”.